La solicitud de desaparición de poderes promovida por la Alianza Mexicana de Abogados y la Federación de Abogados de Sinaloa avanzará a una nueva etapa en el Senado de la República, luego de que ambas organizaciones fueran notificadas de que el planteamiento cumple con los requisitos legales para ser turnado al Pleno y analizado durante el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará en septiembre.
El presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, informó que la resolución fue notificada tras una reunión sostenida con representantes del Senado, donde se les comunicó que la solicitud presentada por ambas agrupaciones y otras organizaciones civiles fue considerada procedente para continuar su trámite legislativo.
Durante su exposición, Beltrán Verduzco sostuvo que uno de los argumentos que respaldan la petición está relacionado con los señalamientos que, afirmó, existen contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El abogado señaló que el caso debe analizarse bajo los mismos criterios que se han aplicado a otras personas requeridas por autoridades de Estados Unidos. Como ejemplo, mencionó a Ovidio Guzmán, al señalar que ambos enfrentan acusaciones por delitos similares, sin embargo, consideró que el tratamiento que han recibido las autoridades en cada caso ha sido distinto.
Asimismo, cuestionó la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que el Gobierno Federal no ha abordado de manera directa el tema relacionado con Rocha Moya. Desde la perspectiva de la organización, existe una falta de pronunciamiento sobre este asunto, por lo que insistieron en que las autoridades federales deben informar sobre las acciones que se han realizado al respecto.
Beltrán Verduzco explicó que, de prosperar la desaparición de poderes, el procedimiento contemplaría la designación de autoridades provisionales para garantizar la continuidad institucional del estado mientras se desarrollan los mecanismos previstos por la ley. Añadió que, a juicio de la organización, esta medida permitiría fortalecer la gobernabilidad, brindar mayor estabilidad institucional y generar mejores condiciones para los futuros procesos democráticos en Sinaloa.