El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026, un paquete que suma más de 78 mil millones de pesos y que incorpora reasignaciones para áreas clave como salud, educación, seguridad, agricultura, cultura y programas sociales. Todas las fuerzas políticas avalaron la propuesta, lo que fue considerado por legisladores como un ejercicio poco común de consenso y coordinación.
Entre las reasignaciones destacan recursos adicionales para programas de salud, infraestructura escolar, apoyo a mujeres rurales, atención a la niñez, deporte, pesca, cultura y equipamiento de Bomberos. La mayor parte del financiamiento provendrá de recursos federales, mientras que el gasto se repartirá entre el Poder Ejecutivo, organismos estatales y los distintos poderes y entes autónomos.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Hacienda, Ambrocio Chávez Chávez, subrayó que el presupuesto mantiene un enfoque social, destinando más del 60% a educación, salud y sectores vulnerables. También destacó un incremento de 311 millones de pesos en seguridad pública, dirigido a mejorar salarios, fortalecer áreas operativas, ampliar el sistema C4 y modernizar unidades y centros de atención. El legislador insistió en que la asignación busca responder a la demanda ciudadana de mayor seguridad y mejores servicios.
Uno de los puntos que más atención generó fue la insistencia en la responsabilidad colectiva detrás del dictamen. Según los integrantes de la Comisión, el acuerdo entre todas las fuerzas políticas demuestra que es posible anteponer el interés social por encima de las diferencias. Sin embargo, entre la ciudadanía permanece la inquietud natural sobre la correcta aplicación de los recursos. Para muchos, el reto no es solo aprobar un presupuesto amplio, sino garantizar que los recursos lleguen realmente a los programas, escuelas, clínicas y comunidades que más lo necesitan.
La aprobación del presupuesto deja abierta una expectativa importante para 2026: que este consenso legislativo se traduzca en obras visibles, servicios más eficientes y un impacto real en la vida diaria. Con la votación unánime y la promesa de transparencia, el seguimiento ciudadano será determinante para evaluar si el destino de cada peso cumple con lo que se ha proyectado.