Con el objetivo de promover una mejor calidad de vida para niñas, niños y adolescentes, el Congreso del Estado de Sinaloa impartirá a partir de febrero un curso sobre los derechos de las infancias y adolescencias, el cual concluirá en marzo y tiene como meta atender a 500 personas. La información fue dada a conocer por la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes.
La legisladora explicó que uno de los principales motivos para impulsar este curso, promovido por la organización World Vision, es que muchas personas adultas, incluidos padres y madres de familia, aún desconocen los derechos de sus hijas e hijos. Desde su perspectiva, esta falta de información limita la protección y el bienestar de las infancias, por lo que consideró necesario reforzar la difusión y capacitación en este tema.
Durante la reunión de trabajo de la Comisión, Montoya Ojeda señaló que el curso forma parte de los acuerdos tomados en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, realizada el pasado 10 de diciembre. En ese espacio, se reiteró la importancia de la coordinación entre instituciones para garantizar una protección integral de este sector de la población en Sinaloa.
Entre los acuerdos destacados también se encuentra la propuesta de fortalecer la atención a denuncias realizadas a través de los números de emergencia, replicar en escuelas el modelo de capacitación conocido como “Círculos de Diálogo”, respaldar las campañas del DIF Sinaloa contra el trabajo infantil y difundir los nueve decretos aprobados por el Congreso en favor de niñas, niños y adolescentes.
La diputada presentó además un informe derivado de la Consulta Infantil y Juvenil del INE, del cual se desprenden compromisos para impulsar espacios comunitarios seguros, promover el cuidado del medio ambiente, el respeto a los animales y reforzar las campañas de prevención de adicciones con un enfoque comunitario.
Finalmente, se destacó la necesidad de garantizar la participación activa de niñas, niños y adolescentes en ejercicios donde su opinión sea tomada en cuenta para la creación y aplicación de políticas públicas. Desde una mirada ciudadana, estas acciones representan un avance en el reconocimiento de los derechos de la infancia, aunque el reto seguirá siendo que la información, la capacitación y las políticas acordadas se traduzcan en protección real y cotidiana para las niñas y niños de Sinaloa.