El caso de la diputada local del PRI en Sinaloa, Paola Gárate, escaló a la atención de autoridades federales luego de que la legisladora denunciara públicamente un acto de intimidación y señalara que anteriormente había solicitado medidas de protección sin obtener respuesta. La situación derivó en acciones de seguimiento por parte de instancias de seguridad del Gobierno de México.
De acuerdo con lo expuesto por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, cuando se presenta una solicitud de protección se activa un procedimiento de evaluación que involucra a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional, corporación encargada de realizar el análisis de riesgo para determinar las medidas que pudieran implementarse.
Trevilla detalló que, en el caso de Paola Gárate, desde los primeros momentos se estableció contacto con la legisladora y se realizó una valoración de su situación para definir las acciones correspondientes. Entre las medidas que pueden derivarse de este tipo de evaluaciones se encuentran servicios de escolta, patrullajes preventivos o vigilancia en los lugares donde la persona desarrolla actividades oficiales.
Asimismo, indicó que se recomendó a la diputada formalizar una denuncia ante la autoridad competente para que los hechos sean integrados a las investigaciones correspondientes. Añadió que las autoridades federales mantienen comunicación y seguimiento permanente al caso mientras continúa la valoración de las condiciones de seguridad de la legisladora,