Un juez federal ordenó a diversas dependencias del Gobierno de México brindar medidas de protección a la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, y a su familia, tras conceder una suspensión dentro del juicio de amparo promovido por la legisladora ante las amenazas e intimidaciones que ha denunciado en Sinaloa.
La resolución obliga a la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a implementar acciones de seguridad para resguardar la integridad de la diputada y sus familiares.
Entre las medidas contempladas se encuentran atención inmediata en caso de riesgo, rondines de vigilancia en su domicilio y otros mecanismos de protección que determinen las autoridades competentes. De acuerdo con Gárate Valenzuela, el objetivo es garantizar la seguridad de su persona y de su entorno familiar mientras continúan los procedimientos legales correspondientes.
La legisladora informó que todas las dependencias señaladas ya fueron notificadas formalmente de la resolución judicial y, por lo tanto, están obligadas a cumplir con las medidas ordenadas por el juez federal.