Organizaciones de la sociedad civil y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Sinaloa manifestaron su inconformidad por lo que consideran una falta de apertura y condiciones adecuadas para participar en el proceso de armonización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
A través de un posicionamiento público, señalaron que persiste la incertidumbre sobre la manera en que serán consideradas las propuestas ciudadanas dentro del dictamen que analiza el Congreso del Estado, además de cuestionar la cancelación de una mesa de trabajo que estaba programada para este viernes.
Los organismos recordaron que desde hace más de un año solicitaron a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana ser incorporados de manera efectiva al proceso legislativo. Sin embargo, sostienen que los espacios abiertos hasta ahora no cuentan con metodologías claras ni mecanismos verificables que garanticen la inclusión de sus planteamientos.
Explicaron que el pasado 1 de junio acordaron con la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, la realización de una mesa de trabajo para elaborar de manera conjunta la nueva legislación. Aunque posteriormente se llevaron a cabo reuniones con personal técnico del Congreso, afirman que no se les ha presentado el proyecto de dictamen ni se ha definido un calendario formal de actividades.
También expresaron preocupación por declaraciones atribuidas al diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la comisión dictaminadora, al considerar que se estaría privilegiando la iniciativa presentada por el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con las organizaciones, dicha propuesta contempla aspectos que consideran regresivos para el derecho de acceso a la información, entre ellos el aumento en los tiempos de respuesta de los sujetos obligados y la disminución de algunas obligaciones de transparencia.
Ante este escenario, solicitaron al Congreso publicar el avance del dictamen, establecer una mesa formal de redacción conjunta con participación de sociedad civil, academia y especialistas, aprobar una metodología pública de trabajo, definir un calendario de sesiones y evitar que cualquier propuesta sea votada antes de concluir el proceso de deliberación ciudadana.
Finalmente, hicieron un llamado al diputado Eligio López Portillo, actual presidente de la Junta de Coordinación Política, para retomar el diálogo con las organizaciones y garantizar un proceso abierto, transparente y con participación efectiva antes de que la nueva ley sea sometida a votación.