La problemática de violencia contra las mujeres en Sinaloa continúa siendo un desafío urgente, aun cuando en los últimos años se han registrado avances importantes en infraestructura, atención y fortalecimiento del marco legal. Durante un encuentro reciente en el Congreso del Estado, se destacó que el contexto de inseguridad, agravado por la presencia del crimen organizado, sigue impactando directamente en la vida de mujeres, niñas y familias completas.
Uno de los puntos centrales abordados fue la transformación del sistema de atención para mujeres en situación de violencia. La diputada Teresa Guerra llegó a mencionar que en la actualidad operan cuatro Centros de Justicia en Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, lo que representa un avance significativo respecto a años anteriores, cuando solo existía uno.
Asimismo, se subrayó que el Congreso ha incorporado una visión de género en sus procesos internos mediante la creación de unidades especializadas y reformas que buscan dar mayor protección jurídica y acompañamiento integral a quienes padecen situaciones de riesgo.
Sin embargo, se reconoció que estos progresos aún no son suficientes para revertir el panorama actual. Las autoridades legislativas señalaron que la violencia familiar continúa siendo una de las principales puertas de entrada a agresiones más graves, incluidos feminicidios. También se advirtió que las dinámicas de inseguridad vinculadas al narcotráfico han incrementado casos donde mujeres resultan afectadas directa o indirectamente. Ejemplos recientes en municipios como Mocorito y La Reforma reflejan cómo agresiones en el entorno doméstico pueden derivar en crímenes que conmocionan a comunidades enteras.
Entre los esfuerzos destacables se mencionó la homologación de tipos penales, el fortalecimiento de la fiscalía especializada y la próxima discusión de un modelo estatal de policía cibernética para combatir la violencia digital. Además, como parte de un acuerdo nacional impulsado desde el Ejecutivo federal, Sinaloa se sumó a una estrategia de diez compromisos que abarcan la prevención en transporte público, senderos seguros, atención a víctimas indirectas de feminicidio, capacitación institucional y coordinación permanente entre secretarías de mujeres, fiscalías y poderes judiciales.
Aun con estas acciones, persiste un consenso: reducir la impunidad, incrementar la eficacia institucional y generar redes de apoyo más sólidas siguen siendo tareas pendientes. El llamado final fue a reconocer que el combate a la violencia contra las mujeres requiere un cambio cultural profundo, capaz de desmontar prácticas machistas arraigadas y mejorar la respuesta del Estado ante cada caso. Solo así, expusieron, será posible garantizar la vida, la seguridad y la dignidad de miles de mujeres y niñas en el estado.