La administración federal solicitó una aclaración formal a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras las versiones que señalan el congelamiento de activos bancarios pertenecientes al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Los reportes indican que la medida administrativa también habría alcanzado al senador Enrique Inzunza Cázares y a familiares directos del mandatario sinaloense, como parte de los procedimientos técnicos que realiza el organismo para identificar posibles irregularidades en el sistema financiero.
»No tengo el conocimiento en particular de la UIF. La UIF es un área que es técnica; si encuentra alguna irregularidad, pues procede. Le vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso», declaró la titular del Ejecutivo Federal respecto a las facultades del organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda.
A pesar de que el bloqueo de cuentas ha trascendido en el ámbito público como parte del Acuerdo 156/2026, el gobierno subrayó que la UIF opera de manera autónoma en sus investigaciones y que cualquier acción de esta naturaleza debe ser informada en su momento a través de los canales institucionales. Por otra parte, la postura del Estado mexicano se mantiene firme en exigir la presentación de pruebas sólidas antes de proceder con medidas de mayor alcance, como las solicitudes de extradición impulsadas desde el extranjero.