Académicos de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) acusaron a la administración central de aprobar un reglamento que viola derechos laborales y constitucionales, al establecer sanciones contra profesores que presenten peticiones o recursos legales contra la institución.
El profesor Marco César Ojeda, docente de tiempo completo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, denunció que el nuevo Reglamento del Personal Académico, aprobado miércoles 21 de mayo por el Consejo Universitario a propuesta del rector Pedro Flores Leal, busca excluir de procesos de basificación, promoción y recategorización a los docentes que hayan realizado solicitudes administrativas, jurídicas o de información contra la universidad.
“Se pretende castigar a cualquier docente que, en el ejercicio de sus derechos constitucionales, haya interpuesto una petición o controversia legal”, señaló Ojeda, quien también representa al Movimiento para la Defensa de la Verdadera Autonomía de la UAdeO.
El académico advirtió que el nuevo reglamento viola el artículo 8º de la Constitución, que garantiza el derecho de petición a toda persona ante la autoridad pública, y también contraviene la Ley Orgánica de la UAdeO, cuyo artículo 4 promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la igualdad.
La fracción IV del artículo 59 del nuevo reglamento establece que el solo hecho de mantener una controversia administrativa o legal con la universidad es motivo para ser descartado de toda mejora profesional, lo que —según Ojeda— constituye una evaluación punitiva y política en lugar de una valoración académica.
“Con este reglamento, Pedro Flores convierte la evaluación académica en un instrumento de represión política. Es una ley mordaza contra la transparencia y el pensamiento crítico en la universidad”, afirmó.
Ojeda expuso que varios docentes del movimiento han presentado recursos formales ante la Auditoría Superior del Estado, entre ellos uno relacionado con el llamado “edificio de cartón” de rectoría en Los Mochis, cuya construcción fue denunciada por carecer de salidas de emergencia y poner en riesgo a los universitarios. El dictamen de Protección Civil confirmó las fallas estructurales y se obligó a la UAdeO a corregir las irregularidades.
Asimismo, se refirió a una denuncia por presunto conflicto de interés, ya que —asegura— durante la gestión de la exrectora Silvia Paz Díaz Camacho, su yerno habría sido contratado como proveedor de tecnología para la universidad, hecho que también fue turnado a la Auditoría.
El movimiento académico, junto con el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAdeO, exige la revocación inmediata del nuevo reglamento, o al menos la modificación de los artículos que atentan contra los derechos laborales. El propio secretario general del sindicato, Raúl Portillo Molina, se pronunció en contra de varios puntos del documento antes de su aprobación.
“La universidad no puede sancionar a quienes, de manera legítima, solicitan transparencia o defienden sus derechos”, agregó Ojeda.
En caso de no haber rectificación institucional, el movimiento no descarta acciones legales y posibles movilizaciones. De acuerdo con el profesor, más de 3,000 docentes podrían verse afectados por esta disposición, al quedar expuestos a represalias administrativas por ejercer su derecho de petición.