La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley que sanciona el halconeo en Sinaloa provocó dudas sobre si el tipo penal había sido eliminado. Sin embargo, la diputada Tere Guerra aclaró que la Corte únicamente invalidó la fracción tercera del artículo 293 del Código Penal, mientras que el resto permanece vigente. A diferencia de otros estados donde se declaró la inconstitucionalidad total, en Sinaloa la norma sigue activa en más del 90 por ciento de su contenido.
De acuerdo con la legisladora, las fracciones primera y segunda —que definen la conducta del halconeo y describen sus elementos— se mantienen intactas, junto con las agravantes que aumentan las penas cuando se utilizan menores, adultos mayores o personas vulnerables para realizar labores de vigilancia criminal. La diputada explicó que estas figuras fueron elaboradas con participación de instancias de seguridad y Fiscalía para perfeccionar el tipo penal.
Sobre la fracción invalidada, Guerra señaló que su redacción era más amplia y podía prestarse a interpretaciones que afectaran derechos como el acceso a la información o el ejercicio periodístico. Por ese motivo, la Corte decidió suprimir solo esa parte, sin tocar el resto del artículo. La diputada señaló que el Congreso ya consideraba la posibilidad de ajustar esa fracción, precisamente para evitar ambigüedades.
En términos operativos, la legisladora indicó que ninguna persona había sido detenida con base en la fracción eliminada, y que las detenciones por halconeo se han realizado usando las fracciones que siguen vigentes. Las penas previstas van de 4 años y 6 meses a 15 años de prisión, y pueden aumentar hasta la mitad en caso de agravantes, llegando a más de 20 años.
Finalmente, Guerra informó que el Congreso esperará la notificación formal de la Corte para determinar si la fracción será reelaborada o simplemente eliminada. Una vez recibida, el tema será turnado a comisiones para su análisis. La diputada destacó que, a diferencia de otros estados, Sinaloa conservó casi íntegro el tipo penal, lo que —subrayó— confirma que el objetivo legislativo fue fortalecer la seguridad sin vulnerar derechos constitucionales.