El secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa, Omar López Campos, informó que actualmente se tiene un registro de 3 mil 619 familias en situación de desplazamiento forzado interno en la entidad, principalmente provenientes de comunidades serranas afectadas por distintos factores, entre ellos la violencia.
El funcionario explicó que el padrón se integra a partir de la comunicación que mantiene la dependencia con un representante o jefe de familia, quien funge como enlace para el seguimiento de cada caso, por lo que el número corresponde a núcleos familiares y no a personas individuales.
Indicó que el proceso de identificación y registro requiere contacto directo con las familias para documentar las causas que originaron el desplazamiento, así como para brindar atención conforme a lo establecido en la legislación estatal.
López Campos señaló que los municipios con zonas serranas concentran la mayor parte de los casos registrados, entre ellos Culiacán, San Ignacio, Elota y otras regiones con características similares.
Respecto a posibles retornos de familias a sus comunidades de origen, precisó que hasta el momento no existen registros oficiales de retorno avalados por las instancias correspondientes.
Explicó que para considerar un retorno es necesario que una comunidad cumpla con diversas condiciones, no solamente relacionadas con la seguridad, sino también con el acceso a servicios básicos como educación, salud y oportunidades para el sustento económico de las familias.
Detalló que este proceso debe ser analizado y validado por la Mesa Intersecretarial de Desplazamiento Forzado Interno, la cual determina si existen las condiciones adecuadas para que las personas desplazadas puedan regresar de manera segura y sostenible.
El titular de Sebides agregó que el seguimiento a las familias desplazadas se realiza de forma permanente mediante un trabajo coordinado entre dependencias estatales, municipios, autoridades federales y organismos relacionados con la construcción de paz y seguridad.
Asimismo, destacó que Sinaloa cuenta con una legislación específica para atender este fenómeno, lo que permite establecer mecanismos de atención y acompañamiento a las personas afectadas.
Finalmente, reiteró que el desplazamiento forzado es un tema sensible que requiere atención integral y un manejo responsable de la información, con el objetivo de evitar la revictimización de quienes enfrentan esta situación.