Marta Guadalupe Ballardo Mendoza, madre de una joven víctima de abuso sexual, y Corina Cervantes, del colectivo Pitaya Árida, denunciaron la sentencia “indignante” que dejó en libertad al agresor de una menor de 11 años al momento de los hechos.
Seis años de lucha, tres años de proceso y libertad para el agresor
El abuso ocurrió en 2019, cuando la menor visitaba Culiacán durante vacaciones. El agresor, su tío político José Jaime, fue denunciado en 2022. Tras un proceso de seis años, la jueza Rosario Adriana Gerardo Sánchez dictó el 10 de octubre de 2025 una pena de solo 3 años, 10 meses y 12 días, más una multa de $8,364 pesos, sin prisión efectiva.
“Ver una sentencia tan baja después de tantos años duele mucho. El mensaje es claro: tu dolor no importa, tu infancia no vale”, expresó la madre.
Fallas y revictimización
El colectivo acusó que el proceso estuvo lleno de irregularidades:
- El acusado, servidor público, aplazó 15 veces las audiencias.
- La jueza omitió agravantes como la relación familiar y el hecho de ser funcionario.
- Se le concedió libertad condicional por “buen comportamiento”.
- La víctima fue obligada a declarar dos veces, lo que la revictimizó.
“Durante todo el proceso se protegieron los derechos del agresor y se ignoraron los de la víctima”, señaló Corina Cervantes.
Exigen justicia con perspectiva de género
La familia interpuso un recurso de apelación el 24 de octubre para que se revalúe la pena y se apliquen agravantes. También piden reparación integral del daño y tratamiento obligatorio para agresores sexuales.
“La justicia debe dolerle al agresor, no a la víctima”, concluyó Marta Guadalupe, quien ha viajado durante tres años desde Tijuana a Culiacán para asistir a cada audiencia.