Tras una ríspida jornada de más de seis horas marcada por tensiones políticas y negociaciones de último minuto, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque el bloque oficialista logró la mayoría calificada de 87 votos a favor frente a 41 en contra, tuvo que ceder en uno de los puntos centrales del proyecto original al eliminar la modificación al artículo 35 constitucional. Esto significa que la propuesta de adelantar la revocación de mandato presidencial a 2027 quedó fuera del dictamen final, por lo que dicho mecanismo se mantendrá tal como está actualmente en la Constitución para realizarse en el cuarto año de gobierno, es decir, hasta el 2028.
Durante el debate, los senadores Oscar Cantón y el sinaloense Enrique Inzunza defendieron la iniciativa argumentando que buscaba fortalecer la responsabilidad democrática; sin embargo, el Partido del Trabajo resultó ser el actor determinante al advertir que, si bien apoyaban la coalición, no acompañarían el cambio en la fecha de la consulta para evitar distorsionar el sentido de la elección intermedia. Esta postura obligó al coordinador de Morena, Ignacio Mier, a confirmar el retiro del artículo 35 minutos antes de la votación para garantizar la estabilidad de la alianza y asegurar la aprobación del resto de la reforma. El desenlace fue celebrado por las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes entre gritos de «¡Sí se pudo!» acusaron que la intención original era permitir que la presidenta hiciera campaña en 2027.
Lo que sí avanzó en la reforma constitucional fue una serie de medidas de austeridad que incluyen la reducción de recursos a los congresos estatales y al propio Senado, así como la limitación a un máximo de 15 regidores en los municipios del país. Además, la nueva ley prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos u otras prestaciones onerosas con recursos públicos y obliga a todas las entidades federales, estatales y municipales a ajustar las remuneraciones de sus servidores para que nadie gane más que la titular del Ejecutivo. Tras la aprobación en la Cámara Alta pasada la medianoche, la minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para continuar con su trámite legislativo antes de pasar a los congresos locales.