Este martes 25 de febrero, se cumplen siete meses del asesinato del lìder moral del Partido Sinaloense, y exrector de la Universidad Autónomas de Sinaloa, Héctor Melecio Cuen Ojeda y del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y lo único que se sabe es que desde la Fiscalía del Estado inicialmente se pretendió ocultar información, lo que le costó el cargo a la Fiscal Sara Bruna Quiñones y que “El Mayo” fue engañado para asistir a una reunión pero no se tiene claro quién o quiénes le invitaron a la misma.
Siendo aproximadamente las 10 de la noche del jueves 25 de julio, a bordo de la camioneta del exrector de la UAS, conduciendo su chofer Fausto Corrales llegó con el cuerpo de Héctor Melecio Cuén Ojeda a una clínica particular de la Colonia Chapultepec donde se le declaró muerto minutos después, señalando, inicialmente que una lesión de bala en una pierna, le habría causado una hemorragia; la supuesta lesión, a decir del chofer, le habría sido propiciado por sujetos a bordo de una motocicleta que pretendieron despojarlo de la camioneta en una gasolinera al norte de la capital del estado.
Sin embargo, la versión a nadie convenció y menos porque justo cuando haría una gira por Culiacán para inaugurar el nuevo edificio del Hospital General, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la celda donde se encontraba encerrado esperando la fecha para su primera audiencia ante la Justicia de los Estados Unidos, Ismael “El Mayo” Zambada difunde una carta en la que señala que fue privado de la libertad y contra su voluntad llevado de manera ilegal a los Estados Unidos y, además, en esta primera carta, “El Mayo” Zambada dijo que habría sido convocado a una reunión en la que estarían presentes los exrectores de la UAS, Cuen Ojeda y Rocha Moya, aunque dijo que solo vio en el lugar al primero sin que le constara que el segundo se presentaría.
Además, dejó entrever que Héctor Melecio Cuen habría sido asesinado en una finca ubicada en un campestre de la Comisaría de Bellavista, denominado Huertos del Pedregal, durante el día y no en un supuesto intento de asalto ocurrido sobre una carretera a kilómetros de distancia; mientras que él abría sido trasladado a bordo de una camioneta, ya sometido, a una pista aérea ubicada en el Ejido Berlín, en el municipio de Navolato .
En respuesta a esta carta, el 12 de agosto, la Fiscal Sara Bruna Quiñones, sin permitir preguntas de los medios que asistieron a conferencia de prensa, presentó el supuesto video base de la investigación en la que supestamente el 25 de julio anterior, el exrector de la UAS fue agredido; video que ahondó las dudas y generó la sospecha de que algo se estaba ocultando, provocando que cuatro días después, la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones presentara su renuncia al cargo a “sugerencia” del gobernador Rubén Rocha Moya.
El sábado 10 de agosto, durante el evento de inauguración del nuevo edificio del Hospital General de Culiacán, el gobernador Rocha Moya solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador y este en el mismo evento aceptó, que fuera la Fisacalía General de la República la instancia que se hiciera cargo de las investigaciones.
Sin embargo, a una semana de la renuncia de la Fiscal Sara Bruna, la FGR, mediante un comunicado enumeró una serie de inconsistencias periciales destacando la inverosimilidad del video difundido por la Fiscalía estatal además de que en la camioneta en la que supuestamente viajaba Cuen Ojeda, se econtraron restos de sangre en la parte posterior que no se cotejaron por parte de la Fiscalía Estatal; lo que a la postré resultó ser la sangre de un elemento activo de la Policía Ministerial que, en su carta El Mayo identificó como “Comandante Rosario” quien era su escolta y estaba a su servicio desde hacía más de 20 años; días después, la propia Fiscalía reconoció que Rosario N. era agente de Policía Ministerial, con 25 años de antigüedad y ostentaba el grado de comandante de Investigaciones; la familia del elemento policial confirmó que desde el 25 de julio éste se encuentra desaparecido.
Tras la renuncia de Sara Bruna Quiñones, el Congreso del Estado eligió a Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien se desempeñaba como Vicefiscal Zona Centro al momento que se iniciaron los hechos el 25 de julio pasado.
En septiembre, la Fiscalía General de la República volvió a emitir un comunicado en el que menciona que de manera ilegal se había permitido que el cuerpo de Cuen Ojeda fuera cremado señalando que de conformidad con las periciales practicadas a la camioneta, el exrector de la UAS tenía varias horas muerto para cuando llegó a la clínica particular donde fue declarado muerto y corroboró que de manera negligente se habría omitido una serie de periciales a la unidad que debieron haberse realizado para conservar pruebas periciales pero estas no se realizaron.
Además, la FGR cuestionó la veracidad de la declaración del único testigo, Fausto N. indicando en su comunicado una serie de inconsistencias como el que en el video difundido por la Fiscalía Estatal no se escuchaban los supuestos disparos que le quitaron la vida al exrector además, de que este viajaba del lado del copiloto lo cual no era consistente con la hipótesis del robo de vehículo; finalmente, se informó que todos los funcionarios de Fiscalía del estado serían llamados a declarar debido al cúmulo de inconsistencias.
Finalmente, hacia finales del mes de septiembre, la FGR ubicó la finca donde habría sido asesinado el exfundador del Partido Sinaloense y la pista aérea de la que salió la aeronave con Ismael “El Mayo” Zambada sometido y plagiado para ser entregado a los Estados Unidos.
Por su parte, desde que fue trasladado a Estados Unidos, Ismael Zambada ha hecho dos apariciones relevantes, en ambas, para dar a conocer su postura de los hechos; en la primera, mediante una carta dada a conocer justo el día que el presidente de México estaría en Sinaloa en la que evidenció que habría sido convocado a una reunión en la que presumiblemente estaría el gobernador Rocha para negociar el fin del conflicto por la disputa por el control político de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
A este respecto, en reiteradas ocasiones el gobernador Rocha habría negado haber estado siquiera en el estado el 25 de julio, probando con su pasaporte sellado haber estado ese día en Estados Unidos, visitando a familiares.
Desde su detención, mucho se especuló sobre la relación del narcotraficantes con la clase política, presumiéndose que patrocinaba campañas a cambio de protección; a mediados del mes de enero, se habría sostenido la primera audiencia ante la Corte de Estados Unidos en la que se le darían a conocer los cargos, audiencia que tuvo que ser pospuesta reprogramándose para el mes de marzo.
El pasado jueves, luego de que la corte de Estados Unidos anunciara la reimplementación de la pena de muerte contra delitos graves, Ismael “El Mayo” Zambada envió una carta al Consulado Mexicano en Nueva York en el que solicitaba la intervención de la diplomacia Mexicana para lograr su repatriación asegurando que hasta el momento no ha hecho ninguna declaración comprometedora pero, de no recibir la ayuda diplomática para lograr la repatriación como se hizo con el General Cienfuegos, se verían afectadas las relaciones diplomáticas entre ambos países, dejando entrever que estarían “entregando” y señalando los nexos generados con la actual clase política.
En su primera carta, El Mayo Zambada hizo el llamado para no recurrir a la violencia como forma de resolver conflictos, precisando que en el pasado quedó evidenciado que esto solo genera más conflictos de los que resuelve, Sin embargo, desde el 9 de septiembre pasado se tiene una guerra declarada en la zona centro del estado que se presume se derivó de la traición de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, quien habría sido quien traicionó a El Mayo para someterlo y llevarlo privado de la libertad a Estados Unidos