La diputada del PAN, Roxana Rubio, desestimó las declaraciones de Alejandra Pineda —titular de la Unidad Técnica de Evaluación del Congreso del Estado— y aseguró que las acusaciones de hostigamiento laboral y presiones para renunciar “no corresponden a la realidad del proceso”. Según la legisladora, la funcionaria no está siendo violentada ni destituida, y su caso continúa en la etapa de revisión de pruebas y alegatos, tal como lo marca la normativa interna.
Rubio explicó que las observaciones que motivaron la evaluación del desempeño de Pineda provienen de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por lo que la Comisión de Fiscalización se encuentra analizando la documentación antes de emitir un dictamen. La diputada insistió en que, hasta el momento, el tema no está programado para votarse en el pleno, como afirmó la titular de la Unidad Técnica. “No se está cometiendo ningún delito ni falta contra ella”, señaló la legisladora.
Desde su perspectiva, el conflicto ha escalado debido a factores externos. Rubio afirmó que se trata de un tema político y sugirió que detrás de la polémica estaría la influencia del funcionario estatal Feliciano Castro. Sin presentar señalamientos directos, la diputada indicó que existe una disputa que trasciende lo administrativo y que la situación ha sido amplificada públicamente sin apego a la información oficial. Aseguró también que Pineda ha sido tratada con respeto y que corresponde al pleno determinar, en su momento, si procede o no una eventual remoción.
La diputada también llamó a evitar que casos administrativos se conviertan en alegatos de violencia de género sin fundamento, argumentando que las funcionarias deben tener responsabilidades claras y rendir cuentas, al igual que cualquier servidor público. Aunque reconoció que la funcionaria ha mostrado compromiso en su defensa, subrayó que las reglas deben aplicarse conforme a los procedimientos internos y no a percepciones externas.
Rubio agregó que lo más importante es que el proceso avance con orden, transparencia y sin juicios anticipados, recordando que la comisión únicamente evalúa observaciones formales y que la decisión final corresponde a la mayoría legislativa en el pleno. Mientras tanto, el intercambio de versiones mantiene la tensión política en el Congreso, donde el caso continúa bajo análisis y sin una resolución inmediata.