Un informe oficial emitido por el Gobierno de Estados Unidos señala al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros diez funcionarios y exfuncionarios por su presunta vinculación con actividades del crimen organizado en Sinaloa.
De acuerdo con el documento de las autoridades norteamericanas, la investigación incluye al presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez. El reporte sostiene que esta red de servidores públicos habría facilitado las operaciones de la organización criminal en tareas de logística y protección de sus líderes.
La acusación también alcanza al senador de la República, Jesús Enrique Inzunza, a quien se le vincula dentro de esta estructura que presuntamente permitió que la organización operara con total impunidad en el estado. El documento detalla que, desde la llegada de Rocha Moya al poder en 2021, se pactó la protección de cargamentos de fentanilo y cocaína a cambio de millones de dólares, utilizando para ello a las corporaciones policiales de los distintos niveles de gobierno.
Además de estos altos funcionarios, en la investigación aparecen nombres de la estructura de justicia y mandos operativos como Arnoldo Zavala, vicefiscal de la Fiscalía de Sinaloa, y mandos de la Policía Municipal de Culiacán y la Estatal, entre ellos Carlos Alberto Millán, Enrique de Jesús Ruiz y Pánfilo Castillo. La lista de señalados la completan Martín Antonio Alarcón, Pedro Martínez, Gilberto Cárdenas, José Guillermo Flores, Jorge Alberto Inzunza y Marco Antonio Leyva, a quienes se les acusa de usar recursos públicos, patrullas y agentes para realizar levantones, cuidar casas de seguridad y filtrar información sobre operativos de seguridad para evitar capturas.