La senadora Paloma Sánchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó el cierre del periodo ordinario en el Senado, al señalar que Morena impulsó reformas que, desde su perspectiva, reducen contrapesos y concentran poder. La legisladora advirtió que varias de las decisiones aprobadas generan preocupación entre distintos sectores sociales, al considerar que afectan derechos y libertades básicas.
Entre los puntos señalados está la reforma a la Ley de Amparo, que —según expuso— limita una de las principales herramientas legales que tienen los ciudadanos para defenderse de posibles abusos de autoridad. Desde una mirada ciudadana, este cambio abre el debate sobre si las personas quedan con menos opciones para protegerse frente a decisiones arbitrarias del gobierno.
También mencionó la nueva Ley de Aguas, la cual ha provocado protestas de productores agrícolas en distintas regiones del país. Sánchez Ramos sostuvo que la reforma no garantiza una solución a la sequía ni al acceso equitativo al agua, mientras que agricultores han expresado su inconformidad por la pérdida de concesiones y la incertidumbre sobre su actividad productiva, un tema que sigue generando tensión social.
Otro señalamiento fue la aprobación de una ley contra la extorsión sin recursos presupuestales asignados, lo que, en los hechos, deja dudas sobre su aplicación real. Asimismo, cuestionó la prohibición de vapeadores bajo argumentos de salud pública, mientras persisten problemas como el desabasto de medicamentos. En conjunto, la senadora afirmó que estos cambios abren un debate necesario sobre si las reformas atienden los problemas de fondo o si, por el contrario, trasladan los costos y riesgos a la ciudadanía sin soluciones claras.
En este contexto, las declaraciones de la senadora se suman a un clima de debate político que trasciende a los partidos y toca preocupaciones cotidianas de la población. Más allá de las posturas oficiales, las reformas aprobadas abren preguntas sobre su impacto real en la vida diaria, en la protección de derechos y en la capacidad del Estado para atender problemas como la inseguridad, la escasez de agua y el acceso a la justicia. Para muchos ciudadanos, el fondo del tema no es solo quién impulsa las leyes, sino si estas responden de manera efectiva a las necesidades del país o profundizan la distancia entre las decisiones legislativas y la realidad social.