La mañana de este martes, un grupo de aproximadamente 35 personas, en representación de las más de 150 que fueron desalojadas la noche del lunes, se plantó en el Ayuntamiento de Culiacán. Los manifestantes, familias que huyeron de sus comunidades debido a la inseguridad que azota al estado desde hace 16 meses, buscaron un encuentro con las autoridades municipales tras quedarse sin el refugio improvisado que mantenían en un predio aledaño al fraccionamiento Montesierra.
El operativo que originó la movilización ocurrió el lunes 29 de diciembre, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron los terrenos tras una denuncia por despojo agravado. Según información oficial de la dependencia, la acción fue un cumplimiento legal: «Elementos de la Policía de Investigación, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal Preventiva, dieron cumplimiento a un acuerdo de aseguramiento ministerial respecto de un inmueble ubicado en el Ejido Gabriel Leyva», informó la FGE, justificando que el predio pertenece legalmente a una empresa.
Ya en la reunión de este martes, los afectados fueron atendidos por representantes de la Secretaría de Bienestar. Jesús Askanio Salomón Saiz, subsecretario de dicha área, ofreció el albergue «María del Rosario» como una opción para pasar la noche, aunque aclaró que se debe realizar un censo para determinar qué tipo de apoyo requiere cada familia. «El albergue está en un lugar limpio, es un lugar cómodo, donde vamos a ayudar a todas las personas que necesiten. Ahorita estamos atendiéndolas y vamos a esperar aquí la instrucción de la herramienta» , declaró el funcionario estatal.
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Oscar Loza Ochoa, se integró a la mediación y lamentó la forma en que se procedió contra las familias en un contexto de crisis social. Loza subrayó que la autoridad debe tener tacto antes de aplicar el uso de la fuerza en casos de necesidad extrema: «Lo primero que debe de existir en las oficinas públicas es la sensibilidad suficiente para tratar de resolver las cosas de manera conciliada. Tenemos demasiada violencia para aplicar con todo y lo legítima y legal que sea la violencia oficial», sentenció.
Loza Ochoa también hizo hincapié en que el déficit de vivienda en Sinaloa —que supera las 430 mil unidades— no se resolverá con albergues temporales. Criticó que no se esté siguiendo al pie de la letra la metodología de la Ley para Prevenir el Desplazamiento Interno para evaluar si las personas pueden o no regresar a sus pueblos. Para el activista, el Estado debe buscar terrenos donde asentar a la gente de manera definitiva, ya que el retorno irresponsable a las zonas de conflicto no es una opción viable por el riesgo que persiste.
La voz de los afectados quedó representada por testimonios como el de la señora Araceli, desplazada de la zona de Tepuche, quien relató el terror de ser sacada de su refugio por agentes armados que solo les dieron media hora para recoger sus vidas. «Si nosotros estamos aquí es porque no tenemos un lugar donde estar, porque de plano, pues, sí está con la familia, sí puedes estar, ¿verdad? Pero no te puedes quedar ahí para siempre», expresó con preocupación, mencionando que entre los desalojados hay niños y personas con discapacidad que no tienen a dónde ir.
El panorama para estas familias es incierto, pues aunque algunos cuentan con parientes que les dan asilo temporal, la mayoría son trabajadores del campo que perdieron sus medios de vida y no tienen recursos para pagar una renta en la ciudad. La denuncia recurrente durante la manifestación fue el trato prepotente de los oficiales durante la noche del lunes, quienes, según los testimonios, habrían intimidado a los ocupantes con sus armas de cargo mientras los apuraban a salir bajo la amenaza de desalojarlos por la fuerza.