Un Juez de Control vinculó a proceso a ocho personas, entre ellas integrantes del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Ahome, por su probable responsabilidad en el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, derivado de la contratación de un despacho para realizar gestiones relacionadas con la recuperación del Impuesto Predial.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, informó que los vinculados son Gerardo Octavio “N”, Genaro “N”, Cecilia “N”, así como Antonio Humberto “N”, Gerardo Iván “N”, Héctor Adonaí “N”, Fausto Rubén “N” y Judith Elena “N”, estos últimos integrantes del Comité de Adquisiciones del Municipio de Ahome.
Además, Gerardo Octavio “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público.
De acuerdo con la carpeta de investigación correspondiente a la Causa Penal 1106/2026, los hechos se remontan al 27 de enero de 2022, cuando presuntamente los involucrados autorizaron mediante adjudicación directa la celebración de un contrato con un despacho externo para efectuar gestiones relacionadas con la recuperación del impuesto predial del municipio.
La FGE señaló que realizó un análisis preliminar del expediente unitario del contrato, además de revisar documentación contable y fiscal proporcionada por el Ayuntamiento de Ahome.
A partir de esa revisión, el Ministerio Público estableció como hipótesis que presuntamente no era necesaria la contratación de un despacho externo para llevar a cabo las gestiones relacionadas con la recuperación del impuesto predial.
Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía presentó ante el Juez de Control los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación. Luego de valorar los elementos expuestos, el órgano jurisdiccional determinó que existían datos suficientes para establecer, en esta etapa del proceso, la probable responsabilidad de los imputados y resolvió vincularlos a proceso.
Como parte de las medidas cautelares, los ocho imputados deberán presentarse mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y tienen prohibido salir del país sin autorización judicial.
En el caso de Cecilia “N” y Judith Elena “N”, el juez también determinó la suspensión temporal de sus respectivos cargos como Síndica Procuradora y Regidora.
El órgano jurisdiccional fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que el caso continuará bajo análisis de la autoridad ministerial.
La vinculación a proceso no implica una sentencia de culpabilidad, sino que establece que existen elementos suficientes para que la investigación continúe ante la autoridad judicial.