Más de 60 organizaciones civiles presentaron un informe ciudadano en el que expusieron su propia evaluación sobre el desempeño del Gobierno de Sinaloa en temas como economía, seguridad pública y presupuesto, con el objetivo de ofrecer un contraste respecto al informe oficial del gobernador Rubén Rocha Moya.
Representantes del colectivo señalaron que este ejercicio busca aportar una lectura amplia y plural de la situación actual del estado. Entre los participantes estuvieron Miguel Taniyán y Enrique Corrales, quienes destacaron que el documento reúne datos obtenidos de fuentes oficiales como el INEGI y el IMSS, así como el análisis de especialistas de distintas áreas.
Cuestionan desempeño económico
De acuerdo con lo expuesto por las organizaciones, mientras el gobierno estatal ha destacado un avance económico, los indicadores analizados por el colectivo muestran una caída aproximada del 3% en la economía local y la pérdida de cerca de 10 mil empleos formales en el último año.
Señalaron que dichas cifras provienen de registros del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que llamaron a revisar la estrategia económica y fortalecer los sectores con mayor afectación.
Aumenta percepción de inseguridad
En materia de seguridad, los representantes indicaron que la percepción de inseguridad en Culiacán pasó del 45% al 89% en un periodo de 14 meses, lo que—dijeron—ha modificado las rutinas de la población y reducido la participación en actividades recreativas, familiares y comerciales.
El informe también incluye datos relacionados con delitos como robo de vehículo, homicidio y desapariciones, así como la creciente dificultad de la ciudadanía para realizar actividades cotidianas debido al temor a ser víctima de algún ilícito.
Señalan limitaciones presupuestales en seguridad y justicia
Otro de los puntos destacados fue la inversión estatal en seguridad pública y procuración de justicia. De acuerdo con el informe, Sinaloa se encuentra entre las entidades con menor gasto per cápita en estas áreas, con una inversión inferior a 450 pesos por habitante en corporaciones policiales y menos de 300 pesos en la Fiscalía General del Estado.
Los ponentes señalaron que esta situación genera cuerpos policiales con recursos limitados y una procuraduría que no cuenta con el personal suficiente, lo que impacta en la atención ciudadana y en los procesos de investigación.
Llaman a un diagnóstico conjunto
Las organizaciones enfatizaron que el objetivo del informe no es confrontar al gobierno, sino visibilizar áreas que requieren atención urgente y fomentar la colaboración entre autoridades, sector privado y sociedad civil. Subrayaron que este diagnóstico podría ser útil en la próxima discusión del presupuesto estatal.
El colectivo concluyó que el ejercicio busca impulsar decisiones basadas en datos y fortalecer la vida pública mediante la participación ciudadana.