Exhiben precariedad en cuarterías de Guasave: adultos mayores viven bajo hules y pagan renta

En condiciones que «no deberían existir», al menos 21 adultos mayores sobreviven en un patio de Guasave, durmiendo en el suelo y bajo techos de hule negro, denunció Oscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CEDH) tras una visita a la zona de Juan José Ríos y Ruiz Cortines. El activista señaló que, a pesar de la precariedad extrema, a estas personas les cobran 100 pesos semanales de renta por un espacio que carece de luz eléctrica y cuenta con un solo baño compartido para todos.

«Hay cuarterías que no deberían de existir. Son espacios privados donde, en el patio de una casa, han improvisado con hules negros lo que apenas llega a ser una casita de campaña. Ahí viven adultos mayores durmiendo en el piso, sin luz, sin energía eléctrica, con un baño común para todos y haciendo cocinitas de ladrillo para guisarse lo que consiguen; y por eso les cobran 100 pesos semanales», declaró Loza Ochoa.

La inspección también reveló que en las cuarterías privadas de Guasave, el hacinamiento es la regla: en cuartos de apenas 3 por 4 metros, llegan a dormir hasta 9 hombres o 6 mujeres. En este escenario, los jornaleros improvisan fogones con ladrillos en el patio para preparar sus alimentos, mientras enfrentan la falta de servicios médicos y seguridad social pese a trabajar para compañías agrícolas de la región.

Loza Ochoa criticó además el rezago educativo, señalando que en varios de estos sitios los niños no están asistiendo a la escuela porque los programas de CONAFE no han iniciado, pese a que la temporada ya está avanzada. Advirtió que las instalaciones no son aptas para funcionar como aulas, lo que deja a los hijos de los jornaleros sin opciones de estudio durante su estancia en el estado.

Finalmente, el presidente del organismo alertó sobre el desplazamiento forzado de familias de Culiacán hacia Durango y Los Mochis por la inseguridad. Mencionó que quienes se han asentado en zonas como Montesierra enfrentan ahora amenazas de desalojo por parte de autoridades estatales para programas de vivienda, mientras que en sus sindicaturas de origen, como Tepuche, la falta de policías municipales les impide regresar de manera segura.