Piden fortalecer presupuesto de seguridad ante incremento de homicidios y robos en Culiacán

El director de la organización Construyendo Espacios para la Paz, Javier Llausás Magaña, llamó a reforzar el presupuesto destinado a seguridad pública en Sinaloa, ante los altos índices de homicidios y robos de vehículos que persisten en la capital del estado.

El activista señaló que Culiacán mantiene una tasa anualizada de 112 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más elevadas del país, mientras que los robos de vehículos continúan registrando un aumento sostenido.

“Cuando sube el robo de vehículos, sube el homicidio; las dos curvas son las mismas. Por eso es importante reforzar la estrategia y el presupuesto para seguridad”, afirmó Llausás Magaña, al referirse a la correlación directa entre ambos delitos.

El representante de la organización civil destacó que, aunque las corporaciones de seguridad han logrado importantes decomisos de droga, armas y explosivos, los resultados en materia de prevención y reducción de la violencia aún no son suficientes.

De acuerdo con el balance presentado, las autoridades han asegurado más de cinco toneladas de metanfetaminas, un millón de cartuchos y más de 300 artefactos explosivos, lo que refleja una respuesta operativa significativa; sin embargo, el problema de fondo continúa afectando la tranquilidad de la ciudadanía.

Llausás Magaña consideró necesario que el Congreso del Estado convoque a mesas de trabajo ciudadanas para analizar y fortalecer el presupuesto de seguridad, incorporando la participación de especialistas y organizaciones civiles.

“El presupuesto no puede ser decisión de un solo hombre; los diputados deben ejercer su independencia para proponer soluciones junto con la sociedad”, expresó, al subrayar que la coordinación entre instituciones y ciudadanía es clave para lograr resultados sostenibles.

Asimismo, reconoció los avances alcanzados por las autoridades en materia de decomisos y operativos, pero insistió en que los esfuerzos deben enfocarse también en reducir la violencia y los delitos patrimoniales, que continúan afectando a la población.