La Jueza Paula Liliana Cháirez Parra, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, instruyó al Congreso estatal a tomar las medidas necesarias para la creación de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El fallo responde a un amparo promovido por la organización Iniciativa Sinaloa, admitido el pasado 28 de enero, en el que se denunciaba la omisión del Poder Legislativo al no cumplir con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, vigente desde mayo de 2022.
De acuerdo con la resolución judicial, el Congreso debe informar sobre los avances legislativos para la adecuación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y realizar las acciones necesarias para cumplir con la disposición legal.
La falta de esta fiscalía especializada ocurre en un contexto de creciente violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos en Sinaloa. Datos del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas revelan que, hasta febrero de 2025, se han registrado 158 agresiones contra estos sectores, de las cuales solo 51 han derivado en denuncias formales, sin avances en las investigaciones.
Desde el estallido de un conflicto entre grupos del crimen organizado el pasado 9 de septiembre, los ataques a la prensa y activistas han aumentado, pasando de un promedio de cinco agresiones mensuales a más de diez en septiembre y octubre.
Ante esta situación, diversas organizaciones han solicitado celeridad en la creación de la Fiscalía Especializada. El 26 de febrero, Iniciativa Sinaloa y otros ciudadanos presentaron una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para acelerar el proceso, la cual sigue su curso en el Poder Legislativo.
