La investigación sobre la muerte de Fernando Alán, estudiante de 23 años, ha tomado un giro tras las recientes declaraciones del Gabinete de Seguridad Nacional. Mientras que los primeros reportes sugerían que las fuerzas del orden encontraron a las víctimas de un ataque previo, la nueva postura federal vincula el deceso directamente con una persecución militar activa el pasado 13 de enero en la colonia Tierra Blanca.
Originalmente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Sinaloa presentó el evento como un hallazgo derivado de un reporte ciudadano, distanciando la acción militar del origen de las detonaciones que privaron de la vida al joven.
Boletín oficial de la SSPE (Versión inicial):
«Durante recorridos de seguridad, el personal fue alertado, vía C4i, sobre detonaciones de arma de fuego en el sector Tierra Blanca, al norte de Culiacán, por lo que se trasladaron al sitio, donde localizaron a una persona sin vida y a otra más lesionada. Al implementar un operativo en los alrededores, los elementos ubicaron la unidad en la que viajaban los presuntos agresores.»
Sin embargo, la narrativa actual del Gobierno Federal modifica este orden de los hechos. Al reconocer que los elementos militares ya se encontraban persiguiendo a civiles armados cuando el vehículo del estudiante fue impactado, se establece una confirmación implícita de que la muerte ocurrió en el marco de la operación castrense, contradiciendo la versión del hallazgo posterior.
«Este hecho ocurrió porque el personal militar estaba persiguiendo a unos delincuentes que estaban haciendo disparos en Culiacán. Se habían agredido y entonces van atrás de estos delincuentes; estos jóvenes se trasladaban en un vehículo y al parecer durante el intercambio de disparos ahí es donde fallece uno de estos jóvenes.» General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional
La discrepancia entre el boletín local y la declaración federal queda ahora sujeta a los peritajes de balística del Ministerio Público. El objetivo es determinar si el fallecimiento fue producto de una identificación errónea o fuego cruzado, asegurando que el actuar militar se mantenga dentro del marco de los derechos humanos y la protección a civiles.
«En casos como estos, además de la propia justicia militar, interviene el Ministerio Público. Y de encontrarse la responsabilidad, pues, evidentemente, se actúa en consecuencia, y además, se apoya a las familias. No queremos que estos casos se repitan, son lamentables y tiene que ver pues la sanción a los responsables.» Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México
Actualmente, la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena mantiene contacto con los deudos, mientras las autoridades federales sostienen que la transparencia en la investigación y la posible sanción a los involucrados son la garantía de justicia en este proceso.