El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, se pronunció sobre la detención de seis militares por su presunta participación en el asesinato de Leidy y Alexa, dos niñas que murieron durante un operativo del Ejército en Badiraguato el pasado 6 de mayo.
El funcionario consideró positivo que la justicia militar esté actuando, aunque reconoció que el hecho de que los soldados sean procesados dentro del sistema castrense representa un límite histórico del marco legal.
“Hemos dicho siempre que no podemos aspirar a vivir en paz si no tenemos antes justicia. Empezar por casa es importante, por eso aplaudimos que la justicia militar esté haciendo su trabajo”, expresó.
Calderón Quevedo subrayó que el caso representa una oportunidad para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, especialmente tratándose de víctimas niñas.
“No puede ser posible que con nuestra población más vulnerable —mujeres, niñas, menores de edad— no tengamos resultados. Esto nos da esperanza de que podamos tener justicia”, añadió.
Sin embargo, al ser cuestionado sobre si el hecho de que los seis militares estén recluidos en una prisión militar en Mazatlán demerita el acceso a la justicia civil, el funcionario reconoció que el marco normativo actual lo impide.
“Esas son las reglas. Desafortunadamente no son nuevas, tienen décadas, y los militares no pueden ser juzgados por la justicia civil”, puntualizó.