El gobierno de México confirmó que el envío de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, entre los que destacan Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, no constituyó un proceso de extradición formal, sino una decisión basada en la Ley de Seguridad Nacional. Durante una conferencia de prensa este viernes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, explicaron que esta medida respondió a una solicitud del gobierno estadounidense y fue aprobada por el Gabinete de Seguridad.
García Harfuch destacó que el objetivo principal del traslado fue reducir los índices de violencia en México, ya que los implicados han cometido delitos graves como extorsión, secuestro, homicidio y ataques contra autoridades. Además, advirtió que existía el riesgo de que algunos de estos individuos fueran liberados o que sus procesos de extradición se prolongaran indefinidamente, lo que representaba una amenaza para la seguridad nacional. Por su parte, el fiscal Gertz Manero aclaró que el procedimiento se realizó bajo el Artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional, el cual permite este tipo de acciones cuando existe una solicitud fundada de un gobierno extranjero y se identifican amenazas para el país. «La solicitud se analizó, se verificaron las bases jurídicas y se ejecutó de inmediato», detalló el funcionario.
Las autoridades enfatizaron que esta acción fue coordinada entre la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), y descartaron la participación directa de la presidenta Claudia Sheinbaum en la decisión. Este traslado marca un precedente en la colaboración bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, y refleja el compromiso del gobierno mexicano por combatir el crimen organizado y garantizar la estabilidad en el país. Sin embargo, ha generado debate sobre los alcances y límites de la Ley de Seguridad Nacional en casos de traslados internacionales de criminales. Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para mantener la confianza en las instituciones y destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad pública y judicial en México.