Integrantes de la Dirección Política Estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE-SNTE) manifestaron su rechazo a los recientes decretos firmados por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre jubilaciones y pensiones, al calificarlos como medidas insuficientes que no resuelven de fondo la precarización de las pensiones.
Carlos Ramón López Torres explicó que estos decretos buscan complementar las pensiones afectadas por la Ley del ISSSTE de 2007, aprobada durante el gobierno de Felipe Calderón, que introdujo las cuentas individuales administradas por las Afores. “Reconoce que hay una afectación, porque ahora un maestro se retira con 4,000 o 6,000 pesos. Pero el decreto no es ley y puede echarse abajo con otro gobierno”, indicó.
Los docentes recordaron que antes de esa reforma los trabajadores podían jubilarse con 28 años de servicio las mujeres y 30 los hombres, sin requisito de edad mínima. Desde 2007, deben cumplir no solo el tiempo laboral, sino también alcanzar 58 o 60 años de edad respectivamente, lo que prolonga su permanencia en el servicio.
“Lo que se necesita no son parches sino la abrogación total de la ley del ISSSTE de 2007”, subrayó López Torres. “Si no hay respuesta, habrá nuevas movilizaciones como la del Zócalo donde estuvimos 23 días bajo lluvia y granizo.”
Por su parte, Policarpio Portillo Pérez cuestionó que la reducción gradual de la edad de jubilación que establece uno de los decretos tampoco es universal, pues solo aplica a los trabajadores que permanecen en el llamado décimo transitorio, que representa apenas un porcentaje reducido. “Hoy la SNTE le exige a Claudia Sheinbaum que cumpla su compromiso de campaña y derogue la ley de Calderón”, afirmó.
Ambos dirigentes insistieron en que un decreto presidencial carece de la fuerza jurídica de una reforma constitucional y por tanto puede revocarse con facilidad en un próximo sexenio.
Además, denunciaron la intención del dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, de descontar 35 millones de pesos a la Sección 22 de Oaxaca por disturbios recientes, mientras –aseguraron– el sindicato no transparenta el uso de más de 2,300 millones de pesos anuales.
“Vemos que esto solo es un parche que puede desaparecer en cualquier momento; se corre el riesgo de que llegue otro gobierno y se regrese todo como estaba.”