Madres buscadoras de Sinaloa denunciaron este lunes haber recibido llamadas telefónicas desde números privados, con mensajes intimidatorios, luego de que decidieran no acudir a una reunión convocada el sábado 12 de septiembre con la gobernadora Graciela Domínguez y funcionarias estatales.
Durante una rueda de prensa, las integrantes de la brigada señalaron que su decisión de no asistir fue tomada en consenso, debido a que desde hace tiempo han solicitado una reunión directamente con la gobernadora y mesas de trabajo para plantear sus inconformidades y peticiones.
Micaela González Seras, madre de Antonio de Jesús y Cristian Giovanni Loya González, relató que después de informar que no acudirían comenzó a recibir llamadas de un número privado. Según su testimonio, en una de ellas una voz masculina le exigió asistir a la reunión y le advirtió: “vas porque vas o te atienes a las consecuencias”.
La buscadora afirmó que otras compañeras también recibieron llamadas similares y que ya presentó una queja ante el Instituto de Protección, además de que acudirá ante la Fiscalía para solicitar que se investigue quién resulta responsable.
González Seras aclaró que no cuenta con pruebas para atribuir directamente las llamadas a alguna persona o funcionaria, aunque dijo tener sospechas sobre su posible procedencia y cuestionó que se intente presionar a las familias para acudir a reuniones mediante llamadas intimidatorias.
Las buscadoras insistieron en que su negativa a participar en el encuentro no significa que estén cerradas al diálogo. Explicaron que buscan una reunión directamente con la gobernadora y sin la participación de Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos, cuya destitución han solicitado por presuntas acciones de revictimización y por lo que consideran falta de atención a las demandas de las familias.
También cuestionaron la atención que reciben distintos colectivos y denunciaron un trato desigual en el acceso a espacios relacionados con la búsqueda. En particular, señalaron el caso del Centro de Resguardo, al que, aseguraron, algunos colectivos tienen acceso mientras otros no.
Otro de los cuestionamientos se relacionó con la declaración de que entre 750 y 850 cuerpos trasladados al Centro de Resguardo serían enviados a otras entidades para ser analizados. Las buscadoras cuestionaron esta decisión y señalaron que incluso se desconoce, según lo expuesto durante la conferencia, a qué estados serían enviados.
Las integrantes de la brigada expresaron preocupación ante la posibilidad de que los restos sean trasladados fuera de Sinaloa sin que las familias tengan información suficiente sobre el procedimiento y cuestionaron que esto ocurra después de los recursos que, señalaron, se han destinado al Centro de Resguardo.
Ante este panorama, las madres buscadoras adelantaron que continuarán solicitando una audiencia con la gobernadora y que presentarán un nuevo oficio para insistir en el encuentro. También anunciaron que buscarán llevar sus planteamientos ante el Congreso y contemplan realizar plantones.
Al abordar la marcha “Sinaloa está de pie”, realizada el domingo 13 de septiembre, las buscadoras señalaron que participaron porque también desean paz, pero rechazaron que durante la movilización una madre buscadora haya sido revictimizada.
Cuestionaron particularmente expresiones realizadas durante el evento en las que, según relataron, se hizo referencia a las personas desaparecidas como “un muerto más”. Recordaron que la búsqueda de sus familiares se realiza bajo la presunción de vida y consideraron que ese tipo de expresiones vulneran a las familias.
Por ello, exigieron una disculpa pública a los organizadores de la marcha y al orador señalado, al tiempo que reiteraron que seguirán buscando a sus familiares y denunciando cualquier acto de intimidación o revictimización.