El Gobierno de México y la Comisión Nacional del Agua aclararon este jueves diversas versiones falsas que circularon en redes sociales y entre grupos de productores tras la aprobación en lo general del dictamen de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. La dependencia llamó a no caer en desinformación y destacó que la iniciativa busca evitar que el agua siga tratándose como una mercancía y frenar prácticas de acaparamiento que han afectado a comunidades enteras.
Durante la conferencia matutina, el titular de Conagua, Efraín Morales López, fue enfático en desmentir algunas de las afirmaciones más difundidas. Señaló que es falso que los productores no podrán heredar terrenos con sus títulos de concesión o vender una propiedad sin ellos. “Sería ridículo pensar que se puede vender una parcela sin agua… no valdría prácticamente nada”, afirmó. Explicó que ambos derechos están garantizados en la iniciativa y fueron precisados punto por punto gracias al diálogo con productores. También desmintió que la ley criminalice a quienes trasladan agua dentro de sus tierras o construyen bordos familiares, aclarando que las sanciones están dirigidas únicamente a quienes han abusado del recurso mediante poder político o económico.
El dictamen, aprobado con 328 votos a favor, integró 18 modificaciones adicionales, además de 50 ya incluidas, para atender inquietudes del sector agropecuario. Entre ellas destacan reglas claras para la transmisión de propiedad con concesiones, emisión rápida de nuevos títulos cuando se heredan o venden tierras, tecnificación de riego, y la no sanción de desviaciones menores en actividades agropecuarias familiares. Desde una mirada ciudadana, estos ajustes parecen responder a demandas legítimas; sin embargo, persiste el reto de asegurar que la aplicación de la ley sea transparente, equitativa y sin margen para abusos.
El debate legislativo continúa en San Lázaro, donde Morena, PT y PVEM sostienen que la reforma permitirá combatir el robo y la extracción ilegal de agua. La oposición, por su parte, advierte que el nuevo marco podría abrir la puerta a formas de control político sobre el recurso. Aún quedan cientos de reservas por discutirse antes de que la iniciativa sea enviada al Senado.