Una protesta de jubilados irrumpió de manera violenta en el Congreso del Estado de Sinaloa, donde un grupo reducido de manifestantes ingresó a la fuerza al recinto legislativo, derribó puertas y tomó el podio del pleno en pleno desarrollo de la sesión ordinaria. La confrontación obligó a suspender los trabajos legislativos y a que las y los diputados abandonaran el salón por razones de seguridad, hecho que generó alarma entre trabajadores, representantes populares y ciudadanía.
Ante estos acontecimientos, la Mesa Directiva de la Comunidad de Jubilados Universitarios de la UAS se deslindó públicamente de los responsables. Su presidente, Saturnino Mascareño, sostuvo que las acciones observadas no representan a los casi seis mil jubilados de la institución, sino únicamente a un grupo pequeño que —dijo— ha mantenido posturas radicales y actitudes que se apartan del diálogo. Señaló que el uso de la violencia no solo afecta la imagen del gremio, sino que también coloca en riesgo los esfuerzos que se realizan para atender los temas de fondo.
Mascareño reiteró que la mayoría de los jubilados apuesta por una vía de cooperación con la Universidad Autónoma de Sinaloa, especialmente en torno a la jubilación dinámica y la Reingeniería financiera. Explicó que estos cambios buscan garantizar la continuidad de las prestaciones y brindar certidumbre a la institución en medio de un escenario económico complejo. Para el dirigente, la gestión universitaria para obtener recursos extraordinarios beneficiaría por igual a todos los jubilados, incluidos quienes participaron en la irrupción.
El representante también llamó a reflexionar sobre el contexto más amplio de la violencia en Sinaloa, recordando que la población ya enfrenta meses de tensión y hechos preocupantes. En este sentido, lamentó que las protestas se transformen en actos que pongan en riesgo a terceros y que obstaculicen el funcionamiento de las instituciones públicas, como ocurrió en el Congreso. “Nada justifica desestabilizar ni generar caos”, señaló, insistiendo en que la solución debe partir del diálogo y no de la confrontación.
Desde una mirada ciudadana, el episodio abre un debate sobre los límites de la manifestación en espacios democráticos. Aunque las demandas de los distintos grupos de jubilados pueden ser legítimas, los hechos recientes muestran la urgencia de encauzar el descontento por vías pacíficas que no vulneren la seguridad de trabajadores ni representantes populares. El desafío para las autoridades, legisladores y la propia comunidad universitaria será reconstruir la confianza y garantizar que las discusiones pendientes se desarrollen en un clima de respeto, claridad y participación.