La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda, en cuanto a la investigación de irregularidades del gobierno anterior, señaló que los 2 mil 300 millones de pesos no pagados al SAT ya se han clasificado como una falta grave.
Explicó que es necesario que las áreas correspondientes evalúen dos caminos: determinar una falta administrativa grave y, por otro lado, analizar si se constituye como un delito ante la Fiscalía General de la República y la del Estado
Aunque el proceso continúa en análisis, Ramírez Zepeda precisó que podría tratarse de una mala praxis que afectó las finanzas estatales. «Si las acciones se realizaron a sabiendas de que estaban mal, esto podría constituir un delito», añadió, sin entrar en más detalles debido a que el caso aún está en proceso.
Respecto a la comisión que supervisará la aplicación del crédito para la reactivación económica, indicó que esta ya está conformada por diversos actores, incluyendo la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Transparencia, grupos parlamentarios y ciudadanos como testigos sociales. Sin embargo, destacó que no se ha establecido un cronograma de sesiones formales y que las reuniones pueden realizarse de manera flexible para revisar avances, opiniones y la calidad de las obras ejecutadas.
Con estos esfuerzos, el gobierno estatal reafirma su compromiso con la transparencia, el correcto ejercicio de los recursos y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la administración pública.