Integrantes de la Asamblea General de Defensa del Parque Ecológico y Jardín Botánico realizaron una manifestación este viernes para denunciar irregularidades en la administración de ambas áreas públicas y solicitar nuevamente la intervención del Gobierno del Estado.
El coordinador del colectivo, Melchor Peiro Guerrero, señaló que desde hace más de una década mantienen observaciones sobre lo que consideran una “privatización de facto” del Jardín Botánico, así como el abandono del Parque Ecológico, pese a que ambos espacios son propiedad pública.
Acusan uso comercial del Jardín Botánico
Durante la manifestación, Peiro afirmó que diversos gobiernos estatales han firmado convenios con la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP, organización encargada de administrar los espacios. Según señaló, esta entidad ha destinado el Jardín Botánico al desarrollo de eventos privados como bodas, fiestas y conciertos, lo que, en su opinión, se aleja de la vocación de conservación y educación ambiental del sitio.
El vocero sostuvo que este modelo ha generado condiciones de exclusividad y restringido el acceso equitativo a la población, lo que motivó que el colectivo reiterara su rechazo a la operación actual.
Denuncian abandono en el Parque Ecológico
En el caso del Parque Ecológico, los inconformes afirmaron que se han acumulado años de rezago en mantenimiento, alumbrado y seguridad. Señalaron que, aunque recientemente se colocó una caseta de policía, el deterioro general persiste y no se ha atendido el problema de fondo.
El colectivo destacó que el Decreto Estatal 584, emitido en 1998, establece que el Jardín Botánico y el Parque Ecológico son áreas distintas, con funciones independientes, y prohíbe su uso para fines distintos a los previstos originalmente. Sin embargo, señalaron que la operación actual no respeta dicha normativa.
Observaciones por falta de transparencia
Los manifestantes también cuestionaron la transparencia en el manejo de recursos públicos asignados a la organización administradora. Afirmaron que la IAP recibe presupuesto estatal anual y que su información financiera no es accesible para la ciudadanía, pese a ser fondos públicos.
Peiro mencionó la existencia de una cláusula de confidencialidad dentro del convenio entre Gobierno del Estado y la organización, lo que, dijo, ha limitado el conocimiento público sobre decisiones administrativas.
Solicitan cancelar convenio y establecer supervisión
El colectivo pidió al Gobierno del Estado revisar o cancelar el convenio vigente y garantizar que ambas áreas públicas sean administradas conforme a la ley y con supervisión efectiva de las autoridades correspondientes. Recordaron que hace tres años sostuvieron una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya, pero aseguraron que no han recibido seguimiento.