A una semana del arranque de los trabajos de exhumación en el panteón 21 de Marzo de Culiacán, familiares de personas desaparecidas que participan como observadoras denuncian exclusión, opacidad y revictimización por parte de las autoridades. El área intervenida se localiza a un costado de un canal que atraviesa el cementerio, y del otro lado —separadas por una malla sombra que bloquea toda visibilidad— permanecen las familias, sin acceso ni información.
“El canal nos divide y encima nos pusieron una malla para invisibilizar lo que están haciendo. Vemos movimiento, vemos que sacan cosas con cuidado, pero no sabemos qué están encontrando. Pedimos que nos informen y nos responden que es información reservada. ¿Reservada para quién? ¿Para nosotras, las familias?”, reclamó una de las integrantes de los colectivos de búsqueda.
El perímetro del sitio de excavación está también acordonado con cinta de precaución a varios metros de distancia, lo que incrementa la sensación de aislamiento. Según relatan las madres buscadoras, el personal técnico se traslada entre carpas y estructuras habilitadas para el cribado de tierra y el embalaje de restos, sin que ninguna de estas actividades sea comunicada a quienes aguardan afuera.
Las familias han cuestionado abiertamente el rol de la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno estatal en estos trabajos, al señalar que su titular —Patricia Figueroa Sauceda— no cuenta con formación técnica para coordinar excavaciones forenses. “No es perito, ni antropóloga, ni forense. Es una abogada. No tiene por qué estar dentro de una fosa. Nosotras somos observadoras y ni así nos dejan ver”, señalaron.
Además, acusan a la funcionaria de ejercer un control hermético sobre la información y de mantener una actitud hostil hacia algunos colectivos. “Ni nos saluda. Mandó un informe de lo que se encontró, pero se lo envió a otras oficinas y a medios, no a las familias que estamos aquí desde las siete de la mañana”.
Aunque reconocen que las exhumaciones son resultado de una lucha de años, insisten en que no se están haciendo con la sensibilidad ni el respeto que exige la causa. “Si están haciendo un buen trabajo, ¿por qué lo esconden? Tenemos derecho a saber qué están sacando. Son nuestros tesoros los que están encontrando ahí”.
Las familias exigieron que se les proporcione un reporte diario, aunque sea mínimo, sobre el número de restos encontrados, el tipo de fragmentos y el destino que tendrán. También pidieron que el gobernador Rubén Rocha Moya designe a una persona con preparación adecuada y sensibilidad humana para darles seguimiento.
“No pedimos pleito, pedimos respeto. Queremos saber qué está pasando, porque tal vez ahí estén nuestros hijos, nuestros hermanos. Esta lucha es nuestra y no vamos a permitir que se nos ignore”.