A tres semanas del inicio de las exhumaciones en la fosa común del panteón 21 de Marzo, en Culiacán, familias de personas desaparecidas que permanecen como observadoras denuncian maltratos, exclusión y falta de transparencia por parte de las autoridades encargadas del proceso, en particular la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Sinaloa.
Las madres buscadoras señalan que fueron aisladas por una malla sombra colocada junto a un canal que divide la zona de excavación. “Nosotras logramos estas exhumaciones, pero no nos dejan ver nada. Si están haciendo las cosas bien, ¿por qué esconden todo?”, reclamó Alma Rosa Rojo, quien busca a su hermano desde 2009.
Aunque desde el 8 de julio la Fiscalía anunció la recuperación de hasta 50 cuerpos, hasta el lunes 28 solo se han reportado cinco. Las familias acusan que estos restos fueron exhumados en la tarde, después de que se retiraron del panteón. “Se esperaron a que nos fuéramos para sacarlos. Eso es una burla”, afirmó Rosa Neriz, de la Brigada Estatal de Búsqueda.
Responsabilizan a la subsecretaria Patricia Figueroa Sauceda por bloquear su participación y mantener el control de la zona sin tener formación forense. “No es perito, no es antropóloga. ¿Qué hace adentro de una fosa? Mientras tanto, a nosotras ni nos voltean a ver”, señaló Rojo. También acusaron a la funcionaria de prohibir a fiscales y técnicos brindarles información.
Las familias piden informes diarios, acceso rotativo de al menos dos personas por colectivo dentro del perímetro y un nuevo enlace con sensibilidad y formación técnica. Aseguran que la única información recibida fue un mensaje telefónico donde les informaban sobre cinco cuerpos exhumados y les mandaban un “fuerte abrazo del gobernador”.
“No queremos abrazos, queremos saber qué están sacando. Son nuestros hijos. No se vale que nos estén ignorando como si no fuéramos nada”, declaró Susana Ayala, quien busca a su hijo desde hace nueve años.
Integrantes de varios colectivos advirtieron que si no hay respuesta, impedirán el ingreso a la zona de excavación. También solicitaron una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya para plantearle directamente sus exigencias. “El gobernador nos dio herramientas, pero se equivocó en a quién confió la parte humana del proceso. Patricia Figueroa nos está fallando”, reprocharon.
Las familias compararon esta experiencia con otras exhumaciones realizadas en estados como Morelos y Coahuila, donde sí se les permitió participar, cribar y registrar hallazgos en coordinación con especialistas. Aseguran que en Sinaloa no se les ha entregado ningún formato, listado o evidencia que respalde lo que las autoridades dicen haber encontrado.
Desde el 15 de julio interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, misma que fue aceptada por considerar que los actos denunciados podrían constituir violaciones a sus derechos. Este martes confirmaron que presentarán una segunda queja.
“No pedimos justicia porque sabemos que no la habrá. Solo queremos que nuestros tesoros regresen a casa. Ya no queremos morir sin cumplir esa promesa”.