El Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció detalles técnicos sobre la situación jurídica del ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras la solicitud emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Durante la conferencia de prensa matutina, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, precisó que actualmente no existe una «solicitud formal de extradición» contra Rocha Moya, sino una solicitud de detención provisional con fines de extradición, figura jurídica regulada por el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.
Alcalde Luján explicó que, para que una detención provisional proceda, el país solicitante debe acreditar la urgencia de la medida, demostrando que existe un riesgo real de sustracción de la justicia o de obstaculización del proceso. Según informó la consejera, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que la solicitud enviada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York carece de estos elementos probatorios.
»La Fiscalía determina que no existe al momento, o no se aportó, ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional», señaló la consejera jurídica.
Asimismo, subrayó que la confidencialidad del proceso fue vulnerada, lo que derivó en lo que calificó como un «linchamiento mediático» que afecta la presunción de inocencia de las personas mencionadas en el expediente.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum confirmó que el gabinete de seguridad federal se trasladará a Sinaloa para coordinar acciones con la gobernadora interina y garantizar la protección de la ciudadanía tras la salida de Rocha Moya. Respecto a la seguridad personal del exmandatario, la jefa del Ejecutivo confirmó que cuenta con protección oficial tras un análisis de riesgo.
»Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad. Y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete», afirmó Sheinbaum.
La resolución del caso queda ahora en manos de la respuesta que brinde el gobierno de Estados Unidos. Según la Consejería Jurídica, no existe un plazo perentorio para que el Departamento de Justicia aporte las pruebas de urgencia o, en su defecto, presente una solicitud formal de extradición que incluya los datos de prueba sobre la probable responsabilidad delictiva.
Mientras tanto, la agenda presidencial continuará fuera de la entidad sinaloense; la presidenta informó que su gira de trabajo de este fin de semana se concentrará en el estado de Sonora para supervisar planes de justicia y obras de infraestructura.