La discusión sobre la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo requiere retomar el diálogo y generar condiciones que permitan brindar certeza tanto a las comunidades como a los inversionistas, consideró Enrique Riveros, expresidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC).
Riveros señaló que alrededor del proyecto persisten posturas encontradas. Por un lado, la empresa y autoridades sostienen que se cumplieron los procedimientos requeridos, mientras que comunidades y grupos ambientalistas mantienen cuestionamientos sobre la forma en que se desarrolló el proceso. Ante este escenario, consideró necesario actuar con prudencia y buscar mecanismos que permitan aclarar las dudas existentes.
El exdirigente agrícola propuso que el caso sea revisado por instancias neutrales, incluso de carácter internacional, con el objetivo de analizar nuevamente los antecedentes del proyecto y generar mayor confianza entre todas las partes involucradas. A su juicio, una evaluación independiente podría contribuir a alcanzar acuerdos y reducir la polarización que existe en torno al tema.
Asimismo, advirtió que una eventual cancelación de la planta podría enviar señales de incertidumbre para futuras inversiones, al proyectar dudas sobre la certeza jurídica y el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Sin embargo, también señaló que, de comprobarse irregularidades o fallas en el proceso, sería igualmente importante atenderlas para evitar afectar la confianza en el cumplimiento de las normas ambientales y legales.
Riveros sostuvo que el principal reto es encontrar un punto de equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y la confianza de las comunidades, por lo que consideró indispensable reactivar el diálogo y la revisión del proyecto para avanzar hacia una solución con mayor consenso.