Empresas, periodistas y defensores deben conocer y exigir sus derechos

En Sinaloa, la presidenta de la Comisión para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jhenny Judith Bernal Arellano, advirtió que el desconocimiento de los derechos es uno de los factores que más vulnera a la población, incluidos periodistas, defensores y empresas. Señaló que los derechos humanos son la finalidad del Estado mexicano y que su respeto debe ser prioridad en todas las acciones gubernamentales y sociales.

Bernal Arellano destacó que las empresas, al estar conformadas por personas, también son titulares de derechos que deben ser protegidos, mientras que los empresarios tienen la obligación de respetar los derechos de sus trabajadores y de la comunidad que recibe sus bienes o servicios. Subrayó que generar una cultura de respeto y conocimiento de estos derechos permitiría prevenir abusos y reducir la necesidad de intervención de autoridades.

En materia de protección, informó que el Instituto ha implementado 586 medidas desde septiembre de 2024, beneficiando a 136 personas, entre ellas 69 periodistas, 48 defensores y 20 familiares. Las agresiones más frecuentes incluyen amenazas de muerte, actos de intimidación en domicilios, daños a vehículos, ataques a medios, y obstáculos para el ejercicio periodístico, provenientes de particulares, autoridades y delincuencia organizada.

También recordó que con la reciente Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se incorporó al Código Penal el delito de obstaculización de la labor, que contempla pena de cárcel para quien impida injustificadamente estas actividades. Sin embargo, advirtió que las agresiones no han disminuido, por lo que es necesario reforzar la capacitación tanto a periodistas y defensores como a servidores públicos.

Sobre casos de confrontación entre integrantes del sector, hizo un llamado a la unidad y a mantener la neutralidad del Instituto, precisando que su labor es proteger a las personas sin respaldar causas específicas. “La meta es salvaguardar la integridad de quien solicite apoyo, sin tomar partido”, sostuvo, enfatizando que la protección debe ser imparcial y basada en la buena fe.