El sistema educativo de Sinaloa concluyó 2025 en un contexto marcado por rezagos en los aprendizajes, afectaciones derivadas de la violencia en distintas regiones del estado y limitaciones en infraestructura, información y presupuesto, de acuerdo con un análisis presentado por la organización Mexicanos Primero Sinaloa.
Durante el año, hechos de inseguridad registrados en diversos municipios provocaron cierres temporales de planteles y asistencia irregular del alumnado, lo que impactó la continuidad de las actividades escolares. Estas situaciones se presentaron en un sistema que ya enfrentaba rezagos acumulados en el aprendizaje y restricciones materiales e institucionales.
El informe también señala cambios en los mecanismos de evaluación y acceso a la información educativa. A nivel nacional, la desaparición de organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) redujo las capacidades institucionales para la generación de datos, evaluación de políticas públicas y acceso a información. En el ámbito estatal, la eliminación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) se suma a este escenario, al limitar la disponibilidad de datos educativos para análisis y seguimiento.
En cuanto a la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), Mexicanos Primero Sinaloa dio a conocer los resultados del estudio Voces desde el aula: La Nueva Escuela Mexicana en la experiencia docente, elaborado con testimonios de docentes y directivos de educación básica. En el documento se identifican retos relacionados con la formación docente, cargas administrativas y acompañamiento para la aplicación de los cambios curriculares, así como dificultades en la distribución y uso pedagógico de los Libros de Texto Gratuitos.
El análisis refiere que el Cuarto Informe de Gobierno del estado incluye información sobre cobertura y programas educativos, pero no incorpora resultados recientes sobre aprendizajes, a pesar de que se aplicaron evaluaciones diagnósticas durante el ciclo escolar. La ausencia de estos datos limita la identificación del nivel de logro académico de niñas, niños y adolescentes.
En materia de infraestructura, se reporta que una proporción de escuelas presenta carencias en servicios básicos. De acuerdo con los datos citados, el 18 por ciento de los planteles no cuenta con agua potable y el 4 por ciento carece de energía eléctrica; el 12 por ciento no dispone de espacios para el lavado de manos y el 13 por ciento no tiene sanitarios independientes. Además, el 62 por ciento de las escuelas no cuenta con computadoras y el 61 por ciento carece de acceso a internet. En términos de accesibilidad, el 74 por ciento de los planteles no tiene infraestructura adaptada para personas con discapacidad.
Respecto al presupuesto educativo aprobado para 2026, el documento señala modificaciones en distintos programas. El Programa para el Desarrollo Profesional Docente presenta una reducción real de 4.6 por ciento, mientras que el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial registra un ajuste a la baja de 36.2 por ciento. Asimismo, se reportan disminuciones en el Programa de Expansión de la Educación Inicial, con una reducción de 2.8 por ciento, y en los apoyos dirigidos a población migrante, con una baja de 3.4 por ciento. En el rubro de infraestructura educativa, persisten recortes en componentes destinados al mejoramiento de planteles.
El balance presentado indica que el cierre de 2025 deja pendientes relacionados con la continuidad institucional, la disponibilidad de información educativa, la formación docente y la atención a las condiciones materiales de las escuelas, en un contexto que influirá en la planeación del sistema educativo de Sinaloa hacia 2026.