Un operativo conjunto desplegado por corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno derivó en la captura de dos civiles en posesión de un arsenal de armas cortas, cartuchos útiles y un aproximado de 600 dosis de presunta metanfetamina en el sector sur de la capital sinaloense.
La intervención policial se consolidó luego de que el Centro de Mando fuera notificado mediante una denuncia ciudadana anónima recibida en la línea de emergencias 089. El reporte alertaba sobre la presencia de personas armadas que circulaban de forma sospechosa por las vialidades de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, lo que motivó el despliegue inmediato de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Guardia Nacional (GN).
Durante las maniobras de rastreo y verificación perimetral, las fuerzas del orden ubicaron una unidad motriz que coincidía con las especificaciones del reporte en las inmediaciones del estacionamiento de un supermercado de la zona. Los efectivos federales y estatales procedieron a rodear el vehículo, solicitando a los tripulantes que descendieran para realizar una inspección de rutina en apego a los protocolos de seguridad.
Derivado de la revisión técnica, las autoridades lograron la detención de los dos civiles tras incautarles una subametralladora y una pistola corta, ambas de calibre 9 milímetros, así como cuatro cargadores y 65 cartuchos útiles del mismo diámetro. Asimismo, en el interior del automóvil se localizó un lote que contenía 600 dosis de una sustancia con las características físicas de la droga conocida como cristal, arrojando un peso global aproximado de 173 gramos, procediéndose además al aseguramiento de la unidad motorizada de la marca Toyota, línea Corolla.
El contingente interinstitucional —que contó con el respaldo estratégico del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar) y personal de fiscalías— trasladó a los imputados, el armamento y las dosis de narcóticos para ponerlos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR). La representación social federal se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica de los detenidos.