Habitantes de l comunidad de Santa María denunciaron presuntos adeudos, irregularidades en pagos y deficiencias en las viviendas construidas como parte del proceso de reubicación iniciado tras su desalojo en 2014. De acuerdo con testimonios de representantes de la comunidad, entre ellos Julio Alfonso Ávila y Victorino Ávila Osuna, existen pagos pendientes por parte del gobierno estatal y señalamientos de opacidad en la administración de recursos por parte de dirigentes anteriores.
Los comuneros señalaron que a más de una década del desalojo únicamente se han construido 59 viviendas, pese a que son más de 300 los habitantes con derecho a reubicación. Indicaron que varias familias tuvieron que emigrar por las condiciones derivadas del proyecto, y otras no han sido consideradas en los censos realizados.
Sobre los adeudos, explicaron que a más de 20 comuneros se les deben alrededor de 107 mil pesos a cada uno, y que existen casos en los que se emitieron cheques —como uno por 480 mil pesos— cuyo paradero desconocen. Aseguraron que estas irregularidades habrían ocurrido durante gestiones anteriores dentro de la propia comunidad.
Los denunciantes añadieron que algunas de las casas entregadas presentan daños estructurales, como filtraciones severas, y que los terrenos donde se edificaron son de uso común, por lo que no se ha avanzado en la regularización correspondiente.
También acusaron falta de transparencia en el manejo de recursos destinados a la comunidad. Señalaron que, en una administración previa, un fondo que inicialmente era de 22 millones de pesos habría disminuido hasta desaparecer, sin que se convocara a una junta informativa durante casi dos años.
Actualmente, los comuneros se mantienen en proceso de negociación con autoridades y solicitaron que quienes cuenten con certificado vigente reciban la compensación económica correspondiente, ante la falta de terrenos disponibles para más viviendas.