El Gobierno de Sinaloa reconoció como un avance significativo la aprobación de penas de 3 a 10 años de prisión para quienes fabriquen, porten o vendan ponchallantas, así como la creación de la Vicefiscalía de Derechos Humanos, Personas Defensoras y Periodistas.
El secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, aseguró que ambas reformas fueron impulsadas desde la Mesa de Construcción de Paz y respaldadas por el gobernador Rubén Rocha Moya. «La creación de esta vicefiscalía es parte de un compromiso directo del gobernador con los derechos humanos y la libertad de expresión», afirmó.
Sobre la reforma penal, añadió que era una medida urgente ante el uso reiterado de ponchallantas por grupos delictivos, poniendo en riesgo la vida de civiles y autoridades.