La construcción de la Planta de Amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo continúa generando posturas encontradas entre distintos sectores de la sociedad, debido a los posibles beneficios económicos del proyecto y las preocupaciones sobre su impacto en el ecosistema de la región.
Al abordar el tema, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Tere Guerra, señaló que este tipo de proyectos suelen generar un debate entre la necesidad de impulsar el crecimiento económico y la obligación de proteger los recursos naturales. Indicó que tanto quienes respaldan la inversión como quienes advierten riesgos ambientales presentan argumentos válidos.
La legisladora sostuvo que cualquier decisión relacionada con la planta debe estar respaldada por estudios técnicos y evaluaciones especializadas que permitan determinar con claridad sus posibles efectos sobre el entorno natural, particularmente en una zona donde existen ecosistemas de relevancia ambiental.
Tere Guerra agregó que el reto consiste en encontrar un equilibrio entre el desarrollo industrial y la conservación ambiental, tomando decisiones que beneficien a la población sin descuidar la protección de los recursos naturales y el patrimonio ecológico de la región.