El Congreso del Estado de Sinaloa difundió recientemente un comunicado en el que expone los argumentos y alcances de la reforma constitucional mediante la cual se aprobó la desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), decisión que ha generado inconformidad y desconfianza entre diversos sectores de la ciudadanía, pese a que el Poder Legislativo sostiene que el derecho a la información continuará garantizado.
De acuerdo con el Congreso, la reforma fue aprobada por mayoría de votos y busca armonizar la legislación estatal con la reforma federal en materia de simplificación orgánica, transfiriendo las funciones de la CEAIP a las contralorías internas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos. Desde la perspectiva institucional, este nuevo modelo permitiría optimizar recursos públicos y fortalecer la estructura gubernamental encargada de la transparencia y la protección de datos personales.
El comunicado oficial sostiene que la eliminación del órgano autónomo no representa una pérdida del derecho de acceso a la información, ya que este seguirá siendo tutelado bajo los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad, transparencia y máxima publicidad. Asimismo, se asegura que el nuevo esquema permitirá una atención más directa y cercana entre las instituciones y la ciudadanía, además de generar ahorros presupuestales al evitar duplicidades administrativas.
Sin embargo, a pesar de estos argumentos, parte de la población y organizaciones civiles han expresado molestia y preocupación, al considerar que la desaparición de la CEAIP podría debilitar los contrapesos en materia de transparencia. La inquietud social se centra en que ahora serán las propias instancias gubernamentales las encargadas de garantizar el acceso a la información, lo que ha despertado dudas sobre la independencia y efectividad del nuevo modelo.
Aunque el Congreso señala que la transición será ordenada y que se respetarán los derechos laborales del personal que integraba la comisión, el debate público sigue abierto. Para la ciudadanía, el reto será observar si esta reforma, presentada como un avance administrativo y financiero, logra realmente fortalecer la rendición de cuentas o si, por el contrario, profundiza la percepción de opacidad en un contexto donde la transparencia sigue siendo una de las principales demandas sociales en Sinaloa.