Representantes de comunidades indígenas del municipio de El Fuerte denunciaron ante el Congreso del Estado un presunto abuso político y patrimonial en los centros ceremoniales tradicionales de la región, los cuales —aseguran— han sido utilizados por grupos con intereses partidistas para su beneficio personal. De acuerdo con los líderes indígenas, desde hace más de tres décadas los pueblos originarios han sufrido el secuestro de sus espacios sagrados y la pérdida de su autonomía, debido a la imposición de asociaciones civiles y coordinadores que se mantienen en el poder sin respetar los periodos establecidos por los usos y costumbres.
Patricio Pacheco Valenzuela, portavoz del movimiento, señaló que esta problemática se originó durante administraciones anteriores y ha perdurado hasta la actualidad, afectando la libre determinación de los pueblos y la transmisión de sus tradiciones. Denunció que figuras vinculadas a partidos políticos han ocupado cargos tradicionales durante más de 15 o 20 años, cuando los reglamentos internos establecen periodos de tres años por centro ceremonial. Según explicó, esto ha provocado división entre comunidades, pérdida de la lengua y desconfianza hacia las instituciones que deberían garantizar el respeto a los derechos indígenas.
Los representantes comunitarios también acusaron la falta de respuesta de instituciones estatales como COPACI y SEBIDES, a quienes señalan de solapar las irregularidades dentro de los centros ceremoniales. Indicaron que se ha ignorado su solicitud de realizar una auditoría y un proceso jurídico por usurpación de funciones y mal manejo de recursos. Además, reprocharon que los programas de apoyo cultural y social no lleguen de forma equitativa a las comunidades, sino que son distribuidos según conveniencias políticas o personales, debilitando aún más la convivencia interna entre los pueblos.
Durante su intervención, la lideresa Eduviges Cruz Valenzuela expuso que en varios centros ceremoniales, como Tehueco, Capomos y Charay, los cambios de autoridades no se han respetado, pese a haber sido realizados conforme al artículo segundo constitucional y con aval de los consejos de ancianos. Señaló que la coordinación actual ha impuesto autoridades afines a sus intereses y duplicado nombramientos tradicionales, generando conflictos entre comunidades. “El pueblo pone y el pueblo quita, pero nuestras decisiones no están siendo escuchadas”, expresó, al exigir que los procesos de elección se basen en la ley y en los usos y costumbres reconocidos por la Constitución.
Finalmente, los dirigentes tradicionales llamaron al Gobierno del Estado y al Congreso local a intervenir con imparcialidad para frenar el uso político del patrimonio cultural indígena y restaurar el respeto a la autonomía de los pueblos yoremes-mayos. Reiteraron que no buscan confrontación, sino reconstruir la armonía comunitaria y rescatar el valor histórico y espiritual de los centros ceremoniales. “No queremos discursos, queremos justicia y dignidad para nuestras comunidades”, concluyeron los representantes, quienes anticiparon que preparan una demanda formal por la apropiación indebida de su patrimonio ancestral.