La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una próxima jornada de movilizaciones que culminará con un Paro Nacional de 72 horas, programado para febrero de 2026. La organización señala que el Gobierno Federal ha incumplido los acuerdos establecidos en las mesas de negociación de mayo y junio de 2025, manteniendo vigentes reformas que consideran lesivas para el magisterio.
Saúl Armando Alarcón Amézquita, integrante de la Dirección Política Regional, detalló que la Asamblea Nacional Representativa acordó iniciar un brigadeo nacional a finales de enero previo al paro. El dirigente enfatizó la postura crítica frente a la administración actual: «El actual gobierno es un régimen de continuidad neoliberal. El mejor ejemplo en nuestro caso es que aún estamos exigiendo y luchando por la abrogación de la ley del ISSSTE y por la abrogación de la ley de educación de Peña Nieto, y que AMLO solamente le quitó una coma, pero en lo fundamental la dejó igual».
Por su parte, Carlos Ramón López Torres destacó que, a 46 años de la fundación de la CNTE, persiste una «represión silenciosa» administrativa caracterizada por la negación de ascensos y cambios de escuela a los disidentes. Asimismo, criticó la falta de infraestructura: «Mientras en este país no haya una inversión suficiente para resolver las necesidades del sector educativo, este país no se va a desarrollar de manera correcta… En México se sigue destinando una cantidad mínima, por eso vemos escuelas deterioradas sin tener siquiera los servicios básicos».
En el ámbito estatal, el movimiento «Somos Más que 53» denunció la falta de pago de la jubilación dinámica. Patricia Guadalupe Beltrán Rodrigues señaló que el gobernador Rubén Rocha Moya desconoce este derecho adquirido, por lo que mantienen un recurso de amparo activo para exigir el cumplimiento de los pagos a los jubilados y pensionados del SNTE 53.
El magisterio disidente sostiene además que el Fondo de Pensiones para el Bienestar presenta inconsistencias financieras, argumentando que de los 64,000 millones de pesos prometidos, solo se asignaron 44,838 millones. Entre sus demandas centrales se mantienen la eliminación del cálculo de pensiones en UMAS, la reinstalación de docentes cesados y la exigencia de un presupuesto digno para educación y salud.