Oscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), criticó duramente la política del Gobierno del Estado de invitar a las familias desplazadas a regresar a sus comunidades, calificándola como una «falta de responsabilidad» que viola la ley y pone en riesgo directo la vida de las personas.
El director de la comisión acusó que esta práctica viola flagrantemente el Artículo 25 de la Ley para la Atención y Protección a Víctimas del Delito de Desplazamiento Forzado Interno en Sinaloa.
Explicó que dicho artículo exige un protocolo claro: la Secretaría General de Gobierno debe primero realizar un estudio que determine si las condiciones de violencia que originaron el desplazamiento «ya no existen». Solo entonces, y tras consultarlo con una mesa intersecretarial y con los propios grupos de víctimas, se podría plantear un retorno seguro.
Loza Ochoa advirtió que esta insistencia en el regreso, sin las garantías legales, ya ha tenido consecuencias fatales en el pasado.
«Con el paso del tiempo se han estado registrando muertes de gente que regresan», sentenció. Recordó que la comisión documentó al menos ocho homicidios de personas retornadas entre 2009 y 2012, «entre ellos el de una familia compuesta por el esposo, la esposa y una niña».
El presidente de la CEDH atribuyó esta política a una «falta de sensibilidad» por parte de las autoridades, y a una posible intención de «ahorrar» en apoyos como despensas y vivienda.
Sobre este último punto, Loza Ochoa señaló que el presupuesto estatal aprobado para la vivienda de las familias desplazadas es «muy insuficiente» para atender la magnitud de la crisis.