El 3 de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados de México aprobó la nueva Ley General de Aguas, así como a reformas a la Ley de Aguas Nacionales. La votación resultó en 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, con el respaldo mayoritario de los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La nueva norma tiene como objetivo garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. Entre sus principales reformas destaca que el Estado mexicano será el responsable exclusivo de regular el uso del agua. Asimismo, incorpora el concepto de “aguas residuales tratadas”, es decir, aquellas aguas residuales que han sido sometidas a procesos de tratamiento para su reúso, conforme a los lineamientos establecidos en la NOM‑001‑SEMARNAT‑2021.
La ley contempla sanciones para quienes usen el agua de forma indebida o comercialicen concesiones de agua ilegalmente: multas de hasta 4.5 millones de pesos y penas de prisión.
La aprobación se produce en un contexto de debate y movilización de grupos agrícolas, quienes expresaron su preocupación por los posibles efectos de la regulación. La iniciativa sigue su trámite legislativo hacia su aprobación final.