La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó un dictamen para reformar el Código Penal estatal en materia de delitos cibernéticos, con el propósito de aumentar sanciones por la difusión no autorizada de imágenes, videos, audios e información a través de medios digitales.
La propuesta contempla incrementar las penas para quienes amenacen con publicar, compartir, enviar o comercializar contenido personal o íntimo de otra persona sin su consentimiento mediante redes sociales, mensajes telefónicos, correo electrónico u otras plataformas digitales.
Además, se busca castigar con penas más altas a quienes utilicen teléfonos, internet o cualquier medio electrónico para difundir contenido íntimo o información privada sin autorización.
El dictamen también agrega nuevas disposiciones relacionadas con delitos informáticos. Entre ellas, se considera sancionar a quienes ingresen sin permiso a sistemas o equipos de cómputo para obtener información, así como a quienes revelen o compartan datos almacenados en sistemas electrónicos sin autorización.
Actualmente, el delito informático se castiga con penas de seis meses a dos años de prisión. Con la reforma, la sanción aumentaría de uno a cuatro años de cárcel.
En caso de que estos delitos sean cometidos por personas servidoras públicas, además de la pena de prisión se contempla su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo igual al tiempo de la condena.
Otra de las modificaciones plantea sancionar a personas que engañen a otras haciéndose pasar por trabajadores de bancos, empresas o dependencias gubernamentales para obtener información o cometer fraudes.
Asimismo, se propone castigar la falsificación o alteración de documentos públicos o privados, tanto físicos como electrónicos, con penas de seis meses a tres años de prisión.
La iniciativa también incluye sanciones para servidores públicos que difundan imágenes, videos, documentos o información relacionada con investigaciones penales o escenas de hechos delictivos.
En casos donde se compartan imágenes o videos de cadáveres o información relacionada con personas fallecidas, las penas podrían alcanzar de cinco a ocho años de prisión, especialmente cuando se trate de mujeres, niñas, niños o adolescentes.
El dictamen fue elaborado a partir de iniciativas presentadas por diputados de Partido Revolucionario Institucional, Partido Sinaloense y Movimiento Regeneración Nacional.