El Gobierno de Sinaloa aprobó la entrada en vigor del Protocolo de Prevención y Atención del Acoso Sexual en el Transporte Público del Estado, con el objetivo de establecer mecanismos de prevención, atención y sanción de conductas de acoso en unidades y paraderos urbanos y rurales.
La aprobación se realizó durante la primera sesión extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, encabezada por la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.
De acuerdo con autoridades estatales, el protocolo busca fortalecer la seguridad de las usuarias del transporte público mediante acciones coordinadas entre dependencias de seguridad, movilidad y atención a mujeres.
La secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, informó que esta estrategia forma parte de las acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género vigente en Sinaloa desde 2017.
La funcionaria señaló que el protocolo establece procedimientos de actuación para usuarias, operadores y autoridades ante casos de acoso sexual en el transporte público.
Entre las medidas contempladas se encuentra la posibilidad de reportar agresiones al 911 o mediante botones de emergencia instalados en las unidades, además de solicitar acompañamiento jurídico y psicológico para la presentación de denuncias.
Asimismo, se establece que los operadores deberán detener las unidades en lugares seguros y brindar apoyo a las víctimas mientras llegan las autoridades correspondientes.
Ana Francis Chiquete explicó que el delito de acoso sexual está tipificado en el artículo 185 Bis del Código Penal del Estado, con sanciones de uno a tres años de prisión, las cuales pueden aumentar dependiendo de las circunstancias del caso.
Durante la sesión también se informó que el personal relacionado con el servicio de transporte público deberá recibir capacitación periódica en temas de perspectiva de género y atención a situaciones de violencia.
En el encuentro participaron representantes de dependencias estatales, instituciones de seguridad, autoridades judiciales y organismos municipales relacionados con la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.