Agricultores señalan corrupción y desigualdad en acceso al agua

El líder del movimiento de agricultores de Chihuahua, Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez, expresó recientemente su inconformidad con la forma en que se maneja el tema del agua en México, al considerar que el campo enfrenta una situación de injusticia estructural que no se resolverá únicamente con cambios en la ley.

Durante su participación en una discusión sobre la legislación en materia hídrica, Rodríguez sostuvo que el problema, a su juicio, no radica en la falta de normas, sino en el funcionamiento interno de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Señaló que empoderar a la institución sin cambios de fondo podría fortalecer prácticas que, según su visión, han afectado históricamente al sector agrícola en distintas regiones del país.

El dirigente agrícola afirmó que en varios estados, incluido Chihuahua, existe una percepción de corrupción dentro de las delegaciones de Conagua, lo que —dijo— impide una distribución justa del recurso. En ese sentido, consideró que los agricultores podrían ser aliados estratégicos del Estado para enfrentar la crisis del agua, pero que esa relación no se ha consolidado debido a la desconfianza y a la cercanía de autoridades con grupos de poder.

A estas declaraciones se sumó la postura del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que a través de una publicación en redes sociales respaldó el llamado del líder agrícola. El movimiento afirmó que existe un mercado irregular en torno a las concesiones de agua, denunciando presuntas irregularidades en títulos, extracción ilegal y un trato desigual entre grandes empresas y pequeños productores, particularmente en estados del norte del país.

Aunque las autoridades no han emitido una respuesta oficial a estos señalamientos, las expresiones del sector agrícola reflejan el malestar persistente en el campo mexicano, donde la escasez de agua, la incertidumbre legal y la desigualdad en el acceso al recurso siguen siendo temas centrales. El debate vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de transparencia, equidad y una gestión más justa del agua, en un contexto de creciente presión social y ambiental.